LAS EMPRESAS europeas que invierten en Cuba pagan, a modo de impuesto añadido, la zozobra periódica de enfrentarse a notificaciones, advertencias o amenazas de las autoridades estadounidenses. La cobertura legal para estas enojosas presiones, que suelen consistir en conminar a las empresas a que indemnicen a las compañías norteamericanas que reclaman por expropiaciones castristas, es la ley Helms-Burton, un artefacto jurídico contestado por la UE en el momento de su promulgación y cuya aplicación ha suspendido Washington por largos periodos.
 
 

La cadena turística Sol-Meliá ha sufrido el último sobresalto: alguien filtró la posibilidad de que la Administración estadounidense requiriese a la empresa para que negociara una compensación económica a la familia Sánchez Hill, presunta titular hasta 1959 de los terrenos sobre los que se asienta un hotel que gestiona la firma española. El Departamento de Estado ha desmentido que preparase esa notificación; pero el mecanismo de amenaza latente de la Helms-Burton ha demostrado su ominosa eficacia cubriendo de inquietud a quienes tienen negocios en Cuba.
 
 

Aunque Washington no aplica ahora esta ley, familias de emigrados cubanos supuestamente expropiados hace más de cuarenta años, bufetes de abogados y grupos de presión utilizan la Helms-Burton como un instrumento de retorsión y como motivo para esporádicos mensajes de advertencia. Las empresas "advertidas" tienen que conjurar en precario tales amenazas, debido a la indefensión jurídica que genera una norma estrictamente política.
 
 

El episodio que ha sufrido Sol-Meliá, el segundo que soporta, es una confirmación de que lo mejor que puede hacerse con esta ley es suprimirla definitivamente, por el bien de las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, y porque es un atropello a la estabilidad económica y legal que necesitan las empresas de cualquier país. Está más que justificado que la delegación europea -uno de cuyos integrantes es Javier Solana- que se entrevistará hoy con Madeleine Albright exija que la norma deje de aplicarse de una vez por todas a las empresas europeas. Ni su aplicación ha supuesto ventajas políticas para Estados Unidos, ni ha resuelto el problema de las expropiaciones de Castro, ni ha podido disuadir a los inversores y empresarios de acudir al mercado cubano. Es simplemente un incordio y una tentación permanente para el chantaje.