Cuba confisca casas "sobredimensionadas"

LA HABANA (Reuters) - Cuando llegó al poder hace 42 años, Fidel Castro se hizo odiar por muchos ricos a los que confiscó sus mansiones y adorar por los trabajadores, que se convirtieron en propietarios de sus casas.

Décadas después, la mayoría de los espléndidos palacios coloniales, muchos en estado ruinoso, pertenecen al Estado y el gobierno afirma con orgullo que el 85 por ciento de los cubanos son dueños de sus viviendas.

Pero eso no parece haber puesto fin a las confiscaciones de viviendas en la isla de gobierno revolucionario, donde el Estado es el encargado de garantizar el derecho al techo.

Según el diario Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista, en el 2000 se produjeron más de 1.400 confiscaciones, 548 expulsiones de ocupantes ilegales y se cursaron multas por valor de más de millón y medio de dólares.

Y este año continúa esa ofensiva contra las irregularidades en el sector inmobiliario, entre las que, según la ley cubana, están incluidas la "sobredimensión", el empleo de materiales robados o la compra de una casa con dinero.

"Se puede y se debe dar la batalla contra las ilegalidades, no queda otra alternativa", dijo enérgicamente el vicepresidente Carlos Lage en febrero.

Para llevar a cabo esa batalla se aprobó el año pasado el temido Decreto 211, que otorga a las autoridades de la vivienda el derecho de autorizar las construcciones y reformas y de confiscar la propiedad en caso de que se produjera alguna infracción.

PROHIBIDAS LAS COMPRAS DE CASAS

Este Decreto también penaliza las "permutas" realizadas con ánimo de lucro, o lo que es lo mismo, el cambio de una casa por otra con mediación de dinero, que es la manera en que muchos cubanos resuelven sus necesidades de vivienda, ya que la compra de casas no está permitida en Cuba.

Son esas permutas las que más han indignado a las autoridades revolucionarias.

"El día en que el dinero distribuya las viviendas del país, estaremos divididos en clases sociales. Y eso no lo permitiremos", señaló hace unos meses Juan Contino, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución, conocidos como CDRs.

Precisamente, los CDRs, agrupaciones vecinales que engloban a casi toda la población cubana, han sido instados a denunciar las irregularidades. "Somos nosotros los buenos vecinos, los que tenemos que ir y advertir, estás construyendo una casa gigante", dijo Contino.

En consecuencia, ha cundido el temor entre aquellos que han emprendido reformas en su casa, han construido o han logrado permutar después de complicados trámites y entrega de varios miles de dólares.

"Me tienen la vida destrozada, dicen que estoy sobredimensionada y no sé en qué va a parar esto, si me quitan la casa no tengo adónde ir", dijo una trabajadora que acaba de arreglar su casa y que prefiere mantenerse en el anonimato.

La introducción, durante la crisis económica de mediados de los 90, de ciertas medidas liberalizadoras, como la apertura a la inversión extranjera o la autorización de ciertos negocios privados, ha provocado un enriquecimiento de una reducida parte de la población .

Y son algunos los que están aprovechando para reformar sus casas, o permutar por otras mejores, incluso maravillosas casas coloniales, mansiones al lado del mar o rodeadas de bellos jardines tropicales, que sin duda en un futuro multiplicarán su valor.

Detrás de algunas de estas operaciones se encuentran escondidos extranjeros, a los que les está vetado el mercado inmobiliario cubano con excepción de algunos edificios construidos específicamente con ese fin.

Con frecuencia, muchas de esas casas son compradas por los extranjeros para sus "queridas" cubanas, que no son a veces sino "jineteras", como se conoce a las prostitutas en Cuba.

En lo que parecía precisamente una clara advertencia, a principios de año fueron confiscadas en el barrio habanero de Santa Fe, al borde del mar, 21 residencias, varias de las cuales pertenecían a extranjeros, según informes de prensa.

USO SOCIAL DE LAS CASAS CONFISCADAS

Muchas de las casas confiscadas son posteriormente reconvertidas para uso sociales.

La casa construida en 1999 por la familia Arniella Otero sobre una azotea en el barrio habanero del Vedado es ahora el hogar materno "Ismaelillo".

El inmueble fue confiscado, según la prensa oficial, por haber sido edificado ilegalmente, sin licencia, y por estar destinado al alquiler de habitaciones.

Pero sus antiguos propietarios aseguran que la construcción se hizo legalmente, después de obtener todas las licencias y permisos necesarios, y que era para ser habitada por la familia.

"Es una injusticia, lo hicimos todo legal, precisamente para no tener problemas", aseguró a Reuters Carmen Arniella Otero, mientras enseña numerosas licencias y documentos oficiales.

"Nos la confiscaron porque la casa es grande y ellos no quieren que la gente tenga casas grandes y porque presumían que era para alquilar, pero era vivir nosotros", añadió desconsolada.

Cuando llevaban seis meses viviendo en la casa, en abril del año pasado, les declararon "ilegales", cuenta Arniella, y a los pocos meses "nos sacaron de la casa y nos mudaron en camiones".

"Y al mes me entero de que el Ministerio de Salud Pública tenía la casa e iban a hacer un hogar materno", añadió.

Este caso, junto con otros similares, apareció en un artículo del Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista, en un amplio artículo titulado "Uso social para casas confiscadas" sobre cuatro amplias viviendas "sobredimensionadas" y construidas "con ánimo de lucro".

"El poder corruptor del dinero en manos de quienes no escatiman medios para lograr sus propósitos y el empleo de materiales malhabidos se entremezclan en la mayoría de las compraventas o la ejecución de estas lujosas residencias", dijo el artículo, con una clara intención aleccionadora.

Isabel García-Zarza