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LA HABANA, febrero - Por estos días parece de moda el tema de la censura practicada por el gobierno de Fidel Castro a los pocos cubanos residentes en la Isla con acceso a Internet. El norteamericano Washington Post publicó el 26 de diciembre una nota sobre "el caso", respondida el 7 de febrero por el diario cubano Granma, en la pluma de Félix López, quien para refutar de algún modo a dicha censura citó a un importante funcionario informático isleño, el cual expresó que "ahora mismo no son mayores nuestras posibilidades de extender y brindar más calidad en las conexiones a Internet porque el país no está en condiciones de ampliar el ancho de banda disponible, que es un recurso caro. Tecnológicamente, es imposible conectar a todo el que esté interesado". Palabras como las citadas dan la impresión de que todo se trata de una mera cuestión económica, donde la política de sanciones económicas unilaterales de Estados Unidos hacia Cuba haría el papel de villano. Por ningún lado se dice que cualquier acceso privado al Internet, en Cuba, se paga en dólares, de donde cabe deducir que los servidores estatales existentes sí podrían ampliar sus anchos de banda, a tenor de una mayor demanda y un ejercicio comercial consecuente. La política estadounidense influye en el problema, pero no lo es, porque la publicitada censura cubana al Internet no es más que el colorario de una mucha más amplia, consagrada por dos artículos de la Constitución de la República, el Código Penal, leyes especiales sobre el tema y acciones extralegales de la policía política, además de la autocensura que el ciudadano se impone, como resultado del estado actual de las libertades de expresión e información, signado por una evidente ausencia del derecho de réplica, en el caso de que el poder la emprendiere contra tal o más cual compatriota. Ejemplos sobran: basta leer el discurso de Fidel Castro del primero de noviembre de 1999. La censura, en el caso específico de Internet, nace con el Decreto-Ley 209 de 1996, por el cual se restringió el acceso de personas naturales a la misma. No obstante, las necesidades planteadas al desarrollo económico-social de un Estado post-totalitario, en condiciones globalizadas, han devenido tensión constante, que empuja hacia mayor apertura. Toda censura crea su cultura de resistencia , y en el caso del Internet isleño nada hay nuevo bajo el sol, aunque la política de sanciones estadounidenses actúe como un factor que más frena que acelera infinitas posibilidades de manifestación de una contracensura popular, visiblemente fortalecida tras la despenalización de la tenencia de divisas en 1993 y el arribo a la Isla de remesas familiares por valor de unos 900 millones de dólares anuales, según el economista Pedro Monreal. Ejemplo menor, pero ilustrativo: cubano que pudo adquirir equipo de video, cubano suscriptor de cuanta opción exista para escapar de la programación televisiva oficial, comenzando por la circulación clandestina de videofilmes. No puede perderse de vista que el mejor aliado de la censura vigente es la situación económica isleña. Ilustrable por medio de estos datos: la densidad telefónica del 2000 fue de cuatro líneas por cien habitantes; el precio de una computadora de segunda o tercera mano, aún por Window 95, 300 - 400 dólares; el valor de un equipo de fax, no menos de 250; el ingreso medio por trabajador, poco menos de veinte dólares al mes. Tales cifras indican por sí mismas cuán lejanos están los cubanos de un acceso real al Internet, aunque un esfuerzo gubernamental notable está cambiando la situación, siempre sobre la base de sus presupuestos censores. Cuba tiene "páginas negras", tanto como interfiere a cuanta emisora extranjera se oponga a Fidel Castro y tanto como ha confiscado equipos de computación a disidentes y periodistas independientes, logrados por obsequio de amigos foráneos. Quien escribe, es una de las víctimas. Aún así, toda censura crea su contracensura. No es casual que la prensa oficiosa isleña haya comenzado a referirse al delito informático, en país donde casi nadie puede cometerlo, al menos con equipos propios, y reconociendo de facto una circulación de mensajes entre trabajadores de entidades estatales. Serios indicios hay sobre la existencia de un mercado negro de passwords (contraseñas) para conseguir acceso a e-mail o Internet, al precio de unos 30 - 40 dólares mensuales, incluido el arsenal de trucos de la contracensura-electrónica. Igualmente existen constructores de computadoras "por cuenta propia", aunque aún todo ese movimiento tiene un carácter muy marginal, dado por la falta de recursos de la población. Prueba al canto: ¿qué peligro sufre el gobierno cubano al vender computadoras libremente -como ya está haciendo- si sus precios son inaccesibles para el 99 por ciento de los nacionales? Por lo pronto, así, una respuesta afirmativa a la pregunta de si existe en Cuba una Internet clandestina es más bien especulativa, aunque todo parece indicar que las hormigas hacen planes contra el elefante, inscrita en el mapa de operaciones una consigna: lo que el Comendador "tiene", Fuenteovejuna se lo "arrebata". Manuel David Orrio, CPI 19 de febrero de 2001
http://cubanet.org/CNews/y01/feb01/19a4.htm |