Un centenar de periodistas independientes frente al Estado
 

Introducción

En Cuba, donde no deja de ejercerse el control sobre la información
difundida a la población, hay un centenar de periodistas
independientes, asimilados a “contrarrevolucionarios” por las
autoridades; que son una de las dianas privilegiadas de la represión, en un momento en que Internet
otorga una mayor audiencia potencial a sus trabajos.

Desde 1997, se han condenado a cinco de ellos a penas comprendidas entre seis meses y seis
años de prisión y se ha señalado más de un centenar de detenciones. Son con frecuencia objeto de
acusaciones, agresiones, decomisos de su material, residencias vigiladas, presiones sobre sus
familias, amigos o contactos, intentos de descrédito o de división. Al 1 de septiembre de 2000,
había tres periodistas que seguían encarcelados.

La disminución relativa del acoso que sufren todos los “opositores” después de la visita del papa en
enero de 1998 sólo duró un año y las intervenciones ante el gobierno cubano por parte de varios
jefes de Estado o de gobierno (reunidos en La Habana en noviembre de 1999 en la cumbre
iberoamericana) a favor de la democratización del régimen apenas tuvieron efecto. Las libertades de
expresión, de prensa, de reunión y asociación siguen sin tener derecho de ciudadanía .

Sin embargo, las filas de periodistas independientes siguen creciendo, a pesar de las numerosas
partidas para el exilio, voluntarias o forzosas, y pese a las condiciones particularmente difíciles en
que trabajan estos profesionales de la información. Según noticias recogidas por Reporteros Sin
Fronteras (RSF), actualmente hay algo más de cien, cuando a comienzos de los años noventa sólo
eran unos cuantos. Antiguos profesionales de los medios oficiales (cesantes voluntarios u
obligados), del sector de la comunicación (redactores, traductores, archivistas, bibliotecarios, etc.),
del mundo de la educación o simples técnicos, estos periodistas trabajan en La Habana y también
en provincias, donde el acoso policial es más intenso.
                  La mayoría de ellos trabajan en agencias. La primera la creó en 1988
                  Yndamiro Restano Díaz (Asociación de Periodistas Independientes de
                  Cuba, que pasó a llamarse en 1992 Agencia de Prensa Independiente de
                  Cuba, APIC, y que sigue activa). Hoy en día son dieciocho , habiendo
                  cuatro de ellas en provincias, sin tener en cuenta las agencias que difunden
                  información por cuenta de actores sociales, como agricultores, pedagogos
                  o sindicatos independientes. Algunas tienen una decena de colaboradores
con los corresponsales provinciales (Cuba Press, Cooperativa de Periodistas Independientes,
Centro Norte del País, por ejemplo) y otras dos o tres. Unos diez periodistas trabajan fuera de las
agencias, principalmente en la capital.

RSF envió a Cuba a la periodista francesa Martine Jacot entre el 10 y el 17 de agosto de 2000. Se
encontró con una docena de periodistas independientes, en Ciego de Ávila y en La Habana, y
también con las familias de dos de los tres periodistas actualmente encarcelados. El 17 de agosto,
cuando iba a regresar a Francia, fue detenida e interrogada durante una hora y media en el
aeropuerto de La Habana, por seis miembros de las fuerzas de seguridad, que le sacaron una
videocámara, dos vídeos y documentos. Pese a los reiterados pedidos de RSF, no se devolvió a la
organización el material embargado.

Internet acude en su ayuda
Los periodistas independientes, profesionales veteranos, formados por sus colegas
o autodidactas, tienen ahora nuevas posibilidades potenciales gracias a las nuevas
tecnologías, a las que personalmente no tienen acceso. La creación en los países
occidentales de Sitios Internet que reciben las noticias que transmiten de Cuba (por
teléfono generalmente, por fax cuando tienen uno) ha ampliado el campo de difusión
de las informaciones que no pueden publicar en su propio país. También ha
aumentado el número de sus contribuciones (telefónicas) a emisoras de radio
extranjeras, por lo general relacionadas con el exilio.

Como no tienen acceso directo a las fuentes oficiales y son expulsados de las
ruedas de prensa gubernamentales cuando se presentan, sus informaciones las
recogen ante todo de aquellos que en la sociedad cubana están descontentos: opositores,
defensores de libertades, funcionarios (hartos de constatar que cualquier información negativa para
el régimen – política, económica, social o medioambiental – es silenciada en los medios cubanos
de información), empleados de empresas extranjeras, o el hombre de la calle. La población,
racionada desde hace cuarenta años, sometida desde 1991 aún a más restricciones, fecha en que
empezó el “periodo especial en tiempo de paz” consecutivo al agotamiento de la mana del
desaparecido Bloque del Este, no aprecia la “dolarización” creciente de la economía cubana cuando
no tiene acceso a los billetes verdes.

Hechos como la detención de un opositor al régimen en Cuba, un movimiento cualquiera de humor
de la población o un intento de organización de la sociedad civil, que antaño no se conocían en el
extranjero, por lo menos durante algún tiempo, son comunicados ahora rápidamente. Estas
informaciones y también otros análisis más globales son escuchados en la propia Cuba por
aquellos que captan radios internacionales extranjeras, en primer lugar Radio Martí (financiada
desde 1982 por el Congreso norteamericano para emitir hacia la isla). La interferencia de estas
radios en la isla es muchas veces bastante deficiente.

La nueva “ley mordaza”
Las autoridades cubanas se han procurado un nuevo instrumento
legislativo tendente a amordazar esos periodistas independientes e
impedir las actividades disidentes, dudando, sin embargo, en
aplicarlo, cuando varios Estados de la Unión Europea imponen, en
el marco de la Convención de Lomé, la forma de mejorar la
situación de los derechos humanos en Cuba como condición para
aumentar los intercambios comerciales que realmente está
necesitando Cuba como consecuencia del embargo
norteamericano.

La ley “88” fue promulgada en febrero de 1999 y rápidamente se le llamó “ley mordaza” en los
medios disidentes. Es una espada de Damocles sobre toda persona que “colabora, por cualquier vía
con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros” o
que "suministre infomaciones" consideradas capaces de ser favorables a la política norteamericana.
Las penas que incurre son muy graves: hasta veinte años de prisión, confiscación de todos sus
bienes personales y multas que pueden llegar hasta 100.000 pesos (unos 4.800 dólares, sabiendo
que el salario medio en la isla es de 250 pesos, o sea, 12 dólares al mes). Este texto, del que
ningún tribunal aún hizo uso por el momento, también castiga “la promoción, la organización, el
fomento o la participación en reuniones o manifestaciones”.

“Los periodistas independientes son mercenarios: el Imperio (americano) los paga, los organiza, los
instruye, los entrena, los arma, los camufla y les ordena disparar contra su propio pueblo”, comentó
el diario de las juventudes comunistas Juventud Rebelde después de votar el texto, recogiendo así
la declaración de Tubal Paez, presidente de la Unión de periodistas cubanos (organización oficial).
Para ejercer, sus 2000 miembros, aproximadamente, tuvieron que comprometerse a ser “leales a
los principios y valores de la revolución y del socialismo”.

En Cuba, todos los medios de comunicación son “propiedad estatal o social”. La prensa escrita
(principalmente, los diarios Granma, órgano oficial del Partido comunista, y Juventud Rebelde, el
semanario Trabajadores de los sindicatos oficiales o la revista Bohemia), las radios nacionales o
regionales, así como los dos únicos canales televisivos del país difunden artículos o reportajes
seleccionados, revisados o corregidos según los intereses ideológicos del régimen. A principios de
agosto de 2000, un locutor de Radio Morón, pequeña emisora del centro de la isla, fue despedido
por haber leído en la radio un poema de Raúl Rivero (fundador y director de la agencia Cuba Press).

                 Estos medios dedican además una parte importante de sus reducidas
                 columnas o de su tiempo de antena limitado (seis horas al día durante la
                 semana para cada canal, y quince horas al día en fin de semana) a los
                 discursos del presidente Fidel Castro y a la propaganda oficial. La población
                 no tiene acceso a otras fuentes de información, con excepción de las radios
                 extranjeras insuficientemente interferidas.

Tres periodistas encarcelados
Los cinco periodistas independientes que fueron juzgados y condenados a penas de prisión desde
1997 no fueron acusados claramente por haber divulgado informaciones sin imprimatur, sino por
otros delitos. Actualmente, siguen detenidos tres condenados, considerados todos presos de
opinión por Amnestía Internacional.

          Bernardo Arévalo Padrón: malos tratos y huida al exilio sin autorización
          Fundador de la agencia de prensa Línea Sur Press en octubre de 1996 en Aguada de
          Pasajeros (población situada a 140 km al sur de La Habana, en la provincia de
          Cienfuegos), Benardo Arévalo Padrón, de 35 años de edad, fue detenido el 18 de
          noviembre de 1997 y condenado por el tribunal de apelación el 28 del mismo mes a
          seis años de cárcel por “desacato” al presidente Fidel Castro y al vicepresidente Carlos
Lage, en virtud el artículo 144 del Código penal cubano. Este antiguo empleado de ferrocarriles
había declarado en las ondas de una radio extranjera que los dos dirigentes cubanos eran unos
“mentirosos”, después de haberlos acusado de no haber respetado los compromisos democráticos
firmados en una Cumbre iberoamericana anterior.

En una carta abierta dirigida al jefe del Estado cubano con fecha del 19 de diciembre de 1998, el
prisionero escribió que considera su sentencia "injusta y excesiva (…) porque en ningún otro país
civilizado se condena a un opositor por calificar publicamente de mentiroso al gobernante".
Poniendo el acento en su “admiración” por el “combate contra la dictadura de Fulgencio Batista”,
llevado a cabo por Fidel Castro en los años 50, Bernardo Arévalo Padrón recordó que éste se había
beneficiado de a amnistía cuando él mismo era preso político. "A finales de 1988, decidí oponerme
a Ud, pacíficamente”, continuó el detenido, que reclamó (en vano hasta ahora) que le permitan ir a
España, país que le habría otorgado un visado.

En la cárcel de alta seguridad de Ariza donde fue primeramente encarcelado, el periodista fue
maltratado y golpeado el 23 de abril de 1998, por dos agentes de seguridad que le acusaban de
repartir octavillas por los pasillos de la cárcel. Resultando herido en la cabeza y víctima de
trastornos de memoria como consecuencia de esta agresión, lo pusieron luego en “celda de castigo
para su seguridad porque podría ser agredido de nuevo o incluso asesinado por detenidos de
derecho común” explicaron las autoridades de la prisión a su esposa Libertad.

El 15 de mayo de 1999 fue traslado al “campo de trabajo número 16” situado cerca de la cárcel de
Ariza. Al católico, privado de asistencia religiosa, que es Bernardo Arévalo, su jefe de detención
(también encargado de su “reeducación”) le amenaza regularmente con ser enviado a las celdas de
Ariza, acusándole de no cumplir sus “cuotas” de desyerba o corte de caña, trabajos que le fueron
asignados. Su esposa pudo llevarle herramientas para afilar su macheta, porque no las tienen en el
campo. Desde mayo de 2000, tiene derecho a una visita de su familia cada 21 días y una visita
“matrimonial” cada mes (una noche con su esposa en el campo, en una habitación con las paredes
de bambú que dejan pasar la luz y las miradas indiscretas). No está autorizado a ver ni a entrar en
contacto con sus amigos. Según la ley cubana, tenía que serle permitido visitar a su familia cada
21 días, en particular a su madre de edad avanzada y enferma.

A una de las numerosas tramitaciones de petición efectuadas por RSF para su liberación, el
ministro cubano de relaciones exteriores, Felipe Pérez Roque, contestó por escrito, el 17 de abril
de 2000, que Bernardo Arévalo “se asoció desde 1991 a grupos contrarrevolucionarios con la
intención de ejecutar acciones violentas (…) aunque está sancionado por desacato".
 

           Jesús Joel Díaz Hernández: un proceso por “peligrosidad social” para que sirva de
           ejemplo
           Para Odencio Díaz, padre de este joven de 26 años, lo más insoportable es ese
           “sentimiento de impotencia ante una justicia que fabrica acusaciones infundadas y
           se niega a oír testigos”. Este antiguo miembro del Partido comunista está
           convencido de que su hijo fue llevado a prisión para impedirle transmitir sus artículos
           al extranjero, en la agencia Pátria, en la que colaboraba desde 1995, y después en
la Cooperativa avileña de periodistas independientes (CAPI) que había fundado en diciembre de
1998, en Ciego de Ávila (300 km al este de La Habana). Fue detenido el 18 de enero de 1999, a las
6 horas de la mañana en el domicilio familiar de la población de Morón y acusado de “peligrosidad
social”. El Código penal cubano, en su artículo 73, designa así a “quien quebranta habitualmene las
reglas de convivencia social mediante actos de violencia (…), perturba el orden de la comunidad, o
vive como un parasito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente
reprochables".

En el proceso que se celebró el día siguiente de su detención, Jesús Joel Díaz Hernández fue
acusado de haber dejado de trabajar para el Estado desde 1996 (lo habían despedido ese año,
afirma su familia, del empleo que tenía en el Instituto nacional de recursos hidráulicos de Morón,
porque se le reprochaba el militar por la defensa de los derechos humanos desde 1993). Se le culpó
además por haber “ingerido bebidas alcohólicas que lo volvieron agresivo" y lo pulsaron a provocar a
sus vecinos, así como por haber “puesto música a alto volumen”. La defensa de su abogado fue
rápidamente interrumpida por el presidente. No se convocó a ningún testigo de descargo para que
se expresase durante las pocas horas de la audiencia pública. El reo fue condenado a “cuatro años
de internamiento en un establecimiento especializado de trabajo”. Desde entonces está preso en la
cárcel de Canaleta, no lejos de Morón; la provincia de Ciego de Avila no tiene estos
establecimientos, según las autoridades penitenciarias.

Después de dictada la sentencia, se recurrió la misma y el detenido inició una huelga de hambre
que lo llevó en "celda de castigo" (calabozo). El 22 de enero de 1999, cuando su familia estaba
visitándolo, se enteró de que se estaba celebrando la primera audiencia del recurso de apelación.
No lo convocaron y el abogado de la familia fue sustituido por un abogado nombrado de oficio. El 27
de enero se le informó al detenido en su celda que su recurso fuera denegado. Sus padres abrieron
entonces una demanda de revisión del proceso, presentando a principios de febrero testimonios
escritos de cinco vecinos en los que se atestigua (ante notario) que Joel nunca fue conocido por
abuso de alcohol ni por trastorno del orden público de ninguna índole. Estos trámites quedaron sin
la más mínima respuesta. Las autoridades cubanas sostienen incluso que desde entonces no ha
habido ningún recurso a la sentencia inicial.

Jesús Joel Díaz Hernández denuncia sus muy malas condiciones de encarcelamiento (con
detenidos de derecho común). Para eliminar pulgas, insectos y roedores que infestan los
calabozos, dice, las autoridades penitenciarias proceden a fumigaciones sin sacar los detenidos de
las celdas. Cuando éstos protestan, se les administran sedativos. También denuncia la ausencia de
asistencia médica. En junio de 2000, sus padres, tras haber quedado autorizados desde hace poco
a visitarle cada 21 días, tuvieron que sacar clandestinamente de la cárcel una muestra de su orina
para poder establecer un diagnóstico de hepatitis viral en un laboratorio de la región para que
pudiera recibir los cuidados sanitarios adecuados. Por tanto, estaba sufriendo de mucha fiebre
desde hacia ya algún tiempo.

“Joel Díaz es un delincuente [de derecho] común que se vinculó con otros elementos antisociales
que practicaban el tráfico de drogas, el proxenetismo, el contrabando de personas y el hurto de
ganado”. Escribió el 17 de abril de 2000 el ministro cubano de relaciones exteriores, Felipe Pérez
Roque. En los documentos entregados al detenido no figura ninguna de estos cargos de acusación.

Joel Díaz y su familia estiman que, a través de este proceso “expeditivo” y la grave sentencia
dictada, las autoridades quisieron dar un golpe rápido y “que sirva de ejemplo”, con el fin de disuadir
la juventud local a lanzarse o persistir en el periodismo independiente.

            Manuel Antonio González Castellanos: de una provocación al “cementerio de vivos”
            Periodista profesional, corresponsal de la agencia Cuba Press en Holguín (Este de
            Cuba), Manuel Antonio González Castellanos, de 43 años de edad, regresaba en la
            noche del 1 de octubre de 1998 a su domicilio donde vive en particular su madre,
            hija de Lidia Doce, la célebre “mensajera del Che”, durante la revolución. Detenido y
            provocado por un funcionario del ministerio del Interior y por dos agentes de la
            seguridad del Estado, el periodista se sulfuró y terminó responsabilizando a Fidel
            Castro personalmente por este acoso incesante.

Manuel Antonio González Castellanos fue acusado inmediatamente de “desacato” al Presidente.
Sin noticias de él, a su familia le quitaron la línea telefónica al día siguiente, mientras en el exterior
se desarrollaba a grandes redobles de tambor un “acto de repudio” (miembros del Partido comunista
que se atropan para gritar insultos o echar piedras). Leonardo Varona González, sobrino del
detenido y corresponsal de la agencia Santiago Press, fue detenido por haber protestado contra la
detención de su tío escribiendo “¡Abajo Fidel!” en los muros de la casa familiar. Fue condenado el 6
de mayo de 1999 a dieciséis meses de detención (fue liberado en enero de 2000) y su tío a una
pena de treinta y un mes de prisión.

Dos meses después de su proceso, Manuel Antonio González Castellanos fue trasladado a la
cárcel de alta seguridad “Cuba sí” de Holguín, llamada “cementerio de vivos” por las indignas
condiciones de detención que allí reinan. Desde entonces está sufriendo de problemas respiratorios
que persisten a pesar de su traslado a otra cárcel de la provincia. Estuvo obligado a dormir incluso
en el suelo durante varios días.

El 26 de junio de 2000, protestando porque le habían confiscado sus notas de trabajo en su celda,
el detenido fue objeto de golpes y le enviaron en celda de castigo durante diez días. Su familia,
acosada sin cesar, teme que sus problemas respiratorios no se traduzcan en tuberculosis,
enfermedad que padecen muchos prisioneros del mismo penitenciario.

Sobre su caso, el ministro de relaciones exteriores escribió el 17 de abril de 2000, que se le había
condenado por “provocar sérias alteraciones al orden público”.

               Acusados de "propaganda enemiga"
               Otros periodistas que se les dejaron en libertad vigilada están esperando su
               proceso, a veces desde hace varios años. Además del “desacato” al presidente
               y la “peligrosidad social”, los cargos de acusación más corrientes que se les
               oponen son los siguientes:
               - “Asociación ilícita”. La mayoría de las agencias de prensa
               han presentado desde 1995 solicitudes de legalización de
sus estatutos dirigiéndose para ello al Ministerio cubano de Justicia, conforme
a lo previsto por la Constitución del país. Ninguna de ellas recibió la más
mínima respuesta.
- “Propaganda enemiga” o "colaboración con el enemigo”. Estos delitos que
existían antes de la adopción de la ley 88, apuntan a colaboraciones con radios
norteamericanas.
- “Espionaje”. Este delito se antepone a menudo cuando hay periodistas que han tomado contacto,
para pedir visado, con la Sección de intereses norteamericanos de La Habana.
- “Difusión de noticias falsas”.

Entre los reos, José Edel García Diaz, 55 años, director de la agencia Centro Norte del País (CNP)
está esperando su proceso por cinco delitos (“desacato”, “asociación ilícita”, “colaboración con el
enemigo”, "difusión de noticias falsas” y “espionaje”) y Oswaldo de Céspedes, ex médico de
hospital, director adjunto de la agencia Cooperativa de periodistas independientes (CPI), está
acusado desde 1995 de “asociación ilícita” y de “propaganda enemiga”. En común tienen el haber
escrito artículos sobre temas “sensibles” como la contaminación, la energía nuclear y los peligros
de radioactividad o sobre las nuevas epidemias.
 

               Agresiones, detenciones, decomisos y robos
               Desde principios de 2000, hay por lo menos dos periodistas que fueron
               agredidos por desconocidos: el 17 de enero, Mary Miranda, de la agencia Cuba
               Press, perdió conocimiento después de haber recibido violentos golpes en La
               Habana, y el 13 de mayo, Santiago Dubuchet, de la agencia Habana Press,
               fue golpeado en la cabeza en un parque de la ciudad de Artemisa. Las seis
               personas que se pusieron inmediatamente a su alrededor lo insultaron.

Desde principios de 1999, se vienen señalando más raramente “actos de repudio”. En cambio, la
policía intenta cada vez con más frecuencia impedir a los periodistas independientes que cubran los
eventos “sensibles”. Los reporteros son víctimas de detenciones (desde principios del año 2000 se
han señalado unas quince de estas detenciones que a veces duran varios días), o residencias
vigiladas. El 21 de julio de 2000 por ejemplo, día del proceso (anunciado la víspera) de dos
opositores en Santiago, Luis Alberto Rivera Leyva, director de APLO (Agencia de prensa libre
oriental) fue detenido en su domicilio y liberado al final de la audiencia. Las plazas disponibles para
el público en la sala fueron ocupadas por antelación por los miembros del Partido comunista o por
las fuerzas del orden civil. Los periodistas independientes de Santiago, que habían escapado a la
detención o a la residencia vigilada, no pudieron asistir a los debates, pues la sala estaba
completa.
 

En estas detenciones, durante las cuales se emiten por sistema amenazas,
suele ocurrir con frecuencia que se les decomise el material a los periodistas.
En Cuba, es posible ahora conseguir un fax o una computadora en las tiendas
en dólares. En cambio, es imposible comprar material de reprografía , como
impresora o fotocopiadora. Las personas que tienen medios – en dólares –
aprovechan sus contactos con empleados de embajadas o de empresas
extranjeras para obtenerlos por medio de ellos.

Los decomisos tienen a veces otras formas. El 31 de enero de 2000, robaron el domicilio del
periodista Juan González Febles unos desconocidos que se llevaron su grabadora, diversas
grabaciones y varios artículos. El miércoles 9 de agosto de 2000, una pareja que se presentó a las
21h y 30 minutos -ambos como colaboradores de Cuba Press- al propietario de local de la agencia,
se llevó toda la documentación reunida por ésta (archivos, revistas y diarios nacionales o
extranjeros, diccionarios, libros, obras sobre el periodismo publicadas por el diario español El País,
cursos de periodismo en español de la Universidad internacional de Florida, etc). Como el
propietario de la agencia, víctima de presiones de la policía, había señalado a los periodistas de la
agencia que tenían que cambiar de residencia, éstos habían puesto en cajas toda esta
documentación en espera de encontrar un vehículo para llevárselas hacia un nuevo local, en otro
barrio de La Habana.

Intentos des descrédito y presiones sobre las familias.
Repentinamente, treinta periodistas independientes salieron de su anonimato en Cuba el 1 de
noviembre de 1999, justo antes de la Cumbre iberoamericana de La Habana, cuando el presidente
Fidel Castro citó los nombres de cada uno de ellos en las ondas de dos canales nacionales.
Riéndose de ellos, fueron acusados de haber acudido a la Sección de intereses norteamericanos en
la capital a una velada organizada con motivo de la despedida de su responsable. Cinco meses
después, el 22 de abril de 2000, en una emisión televisiva, los periodistas Raúl Rivero (el director de
la agencia Cuba Press fue recibido, entre otros disidentes, por los jefes de gobierno español y
portugués en la cumbre), Tania Quintero, Manuel David Orrio, Lucas Garve, Jesús Zúñiga y Vicente
Escobal fueron designados “líderes contrarrevolucionarios". Sus nombres fueron publicados tres
días más tarde por Juventud Rebelde.

Estas tentativas de descrédito dan a veces en el blanco. “Tu eres un hombre muerto para mí, tu ya
no existes”, le dijo su tío a Oswaldo de Céspedes (subdirector de la agencia CPI) cuando oyó que
el Presidente había pronunciado su nombre en la televisión. En cambio, otros periodistas han visto
a sus vecinos y sus parientes dar pruebas de ingeniosidad para protegerlos de la vigilancia policial o
de los delegados de los famosos Comités de defensa de la revolución (CDR), que existen en cada
cuadra de casas y están encargados entre otras cosas de la delación.
 

              Las familias o amigos de los periodistas también son a su vez víctimas de
              represalias: no se cuentan los esposos, hermanos o hermanas de esos
              “contrarrevolucionarios” que han perdido su empleo, porque se negaban a
              condenar o denunciar a los “culpables”, ni los miles de ajetreos y molestias a
              que están sometidos los padres o hijos. “Todos los que tienen vínculos con un
“antisocial” sufren de algún modo represalias hasta que corten sus lazos y lo digan”, resume así
Jorge Olivera Castillo, ex redactor del telediario cubano, actual director de la agencia Habana Press,
y Marvin Hernández (Cuba Press), cuyas familias son particularmente víctimas de constante acoso.
El día de la fiesta de la madre, al hermano de Raúl Rivero, que vive en Canadá, se le prohibió entrar
en el territorio cubano, no habiendo podido ver a su madre de 80 años más que una hora en el
aeropuerto de La Habana, sin haberle entregado los medicamentos y regalos que llevaba para ella.

Por otra parte, varios periodistas han denunciado las recientes tentativas policiales tendentes a
“hacer cambiar” o dividir a los periodistas independientes. El 15 de julio de 2000, Ricardo González,
corresponsal de RSF, fue detenido durante seis horas durante las cuales los policías trataron de
convencerle para que colaborase, hablando en particular de forma difamatoria contra Raúl Rivero.
 

                Acceso prohibido a Internet y a cualquier formación profesional
                Las autoridades reprochan públicamente a los periodistas independientes de
                “no tener ninguna formación”. Al mismo tiempo, impiden a aquellos que
                reclaman una (a la occidental) que reciban clases u obras, decomisando su
                correo. Regularmente los periodistas independientes están privados de línea
                telefónica (pinchados), como lo están sus padres o amigos de donde llaman
                para transmitir sus artículos (via línea internacional pasando por la operadora
manual) y no tienen más medios para acceder a Internet que los demás ciudadanos no
privilegiados.

Los únicos dos servidores de la isla son el CENIAI, rama del ministerio cubano de Ciencia y
Tecnología, e Infocom, dependiente de la sociedad mixta italo-cubana ETECSA (Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba, S.A.). Los solicitantes tienen que tener alguna razón válida, a los
ojos de las autoridades, para presentar una solicitud. Las personas individuales están obligadas a
presentarse personalmente en la oficina del Ministerio. Si la solicitud se acepta, firman un contrato
con cláusulas restrictivas. Así, está prohibida “la distribución de información que no se ajuste a los
principios morales de la sociedad cubana, que no se cumpla con alguna de las legislaciones
vigentes en el país”. Los intercambios electrónicos por su parte no deben “comprometer la
seguridad nacional”.
 

                      Altos funcionarios gubernamentales, algunos investigadores o
                      especialistas (vigilados por sus jefes cuando navegan en su puesto
                      de trabajo), así como las empresas extranjeras representadas en
                      Cuba tienen total acceso a Internet. Los otros, incluyendo empresas
                      cubanas exportadoras, tienen que contentarse únicamente con su
                      correo electrónico. Ya existe un mercado negro de direcciones
                      electrónicas a escala reducida, en beneficio de muy raros ciudadanos
cubanos que tienen una computadora personal. En cualquier caso, los usuarios sospechan
fuertemente que los servicios de información lean sus mensajes electrónicos, pues los mensajes
del extranjero llegan a sus destinatarios varias horas después de que hayan sido enviados o nunca
llegan.

La gama de tarifas, que incluye un primer coste de inscripción que varía entre 60 y 450 dólares, es
compleja: los costes mensuales van de 40 a 80 dólares para el sector no comercial, según
diferentes criterios.

En el centro de La Habana acaba de abrir un primer cibercafé en el Capitolio, el antiguo parlamento.
A razón de tres dólares por media hora, es posible navegar por Internet o enviar mensajes
electrónicos desde una de las seis computadoras disponibles, pero este servicio está reservado
preferentemente a los turistas extranjeros. Es poco probable que los periodistas independientes, a
quienes está prohibida la biblioteca o los archivos nacionales, sean bien venidos a ese cíber.

Por último, las autoridades ponen en duda la deontología de las agencias de prensa. La mayoría de
ellas han adoptado, desde 1995, estatutos que definen estas normas y excluyen, en numerosos
casos, la pertenencia a un partido político u organización disidente. El 29 de agosto de 2000, tres
periodistas suecos fueron detenidos después de haber dirigido, la víspera, un seminario sobre el
marco de trabajo de la prensa sueca y la ética periodística, al que asistieron unos veinte periodistas
independientes. Birger Thureson, Peter Götell y Elena Söderquist fueron expulsados y declarados
“personae non gratae” después de haber pasado tres días en un centro de detención de los
servicios de inmigración. Las autoridades los acusan de haber “alentado acciones subversivas y
contribuido a los intentos desesperados que desde EE UU se han estado relizando”. “Esperamos
que nadie se haga ilusiones de que tales actividades van a ser toleradas", concluyó Felipe Pérez
Roque, Ministro cubano de Relaciones Exteriores.

Sobrevivir en el miedo o exiliarse
En una isla donde el Estado es el único empleador, los periodistas independientes, muy mal
retribuidos por los centros que aceptan sus artículos y jamás pagados por sus contribuciones en
las radios americanas, cuentan, como muchos cubanos, con el dinero enviado por su familia
exiliada para sobrevivir. Las autoridades cubanas, que siempre han preferido que los disidentes
abandonen el país (sin posibilidad de retorno), ejercen sobre ellos grandes presiones para que se
exilien. Algunos se niegan de manera tajante. Otros, hartos de la represión, sobre todo cuando
afecta a sus allegados, piden un visado, corrientemente para los EE UU, pero también para los
países europeos o latinoamericanos. No todos lo consiguen.

En 1999 se han exiliado catorce periodistas independientes y desde principios de 2000 diecinueve
más. Entre 1993 y 1998 sólo había diecisiete, según los datos que RSF ha podido recoger. Los
directores de las agencias descartan el supuesto de que una elevada cifra de “oportunistas” se
improvisen “periodistas independientes” para intentar beneficiarse así de una “vía real” hacia el
exilio. Achacan sobre el acoso policial, los bajos recursos de los periodistas independientes en
Cuba y las pocas esperanzas que algún día exista en Cuba una vida mejor, incluyendo a nivel
profesional.

Conclusión y recomendaciones
Cuba es hoy por hoy el único país latinoamericano con gobierno que, al decretar que la libertad de
prensa debe ser “conforme a los fines de la sociedad socialista”, ejerce un control total sobre la
información que llega a la población. También es el único país de la región donde se encarcela a
periodistas.

Para mantener este estado de hecho, las autoridades cuentan no sólo con la represión pura y dura
sino también con el aislamiento social de los periodistas independientes. El instrumental represivo
de que dispone el gobierno es variado: desde los decomisos de material y otras trabas en el trabajo
de los periodistas independientes, hasta su detención y condena a grandes penas de prisión. El
departamento de la seguridad de Estado es el principal ejecutante de esta política que tiene la
finalidad de “dejar” a los periodistas la posibilidad de escoger entre la prisión o el exilio.

Los periodistas independientes, privados de empleo, vigilados estrechamente por los Comités de
defensa de la revolución, acusados de ser “mercenarios del imperio norteamericano” en los medios
oficiales, son hoy por hoy desconocidos de una franja importante de la población cubana, si bien
están premiados en el extranjero. El aumento de su número, la multiplicación de los sitios Internet
que difunden sus artículos y el reconocimiento de que gozaron en la Cumbre iberoamericana de La
Habana demuestra, en cambio, que han conquistado un espacio a través de la movilización
internacional.

                 RSF pide a las autoridades de La Habana:
                 El reconocimiento de la libertad de prensa y de palabra sin restricción, así
                 como la legalización de las agencias de prensa por el Ministerio de Justicia.
                 - La liberación de los tres periodistas encarcelados, que se levanten las
                 diligencias penales contra los periodistas y que se ponga fin a sus
                 detenciones.
                 - La derogación de la ley 88 en sus artículos atentatorios contra las
                 libertades. RSF recuerda que, en un documento fechado el 18 de enero de
                 2000, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión afirmó que “el encarcelamiento como
condena de la expresión pacífica de una opinión constituye una violación grave de los derechos
humanos”.
- El fin del acoso y tentativas de intimidación dirigidas contra los periodistas independientes.
- La firma y la ratificación del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos.
 

RSF pide a los países miembros de la Unión Europea y a los países del grupo Africa, Caribe y
Pacífico (ACP):
- Que intervengan ante las autoridades cubanas a favor de la legalización de las agencias de
prensa, toda vez que el nuevo acuerdo UE-ACP, firmado el 23 de junio de 2000 en Cotonou (Benin),
prevé una mayor participación de la sociedad civil.
- Que intervengan ante las autoridades cubanas a favor de la liberación de los tres periodistas
detenidos.

RSF recomienda por otra parte a la prensa de los países democráticos:
- Que colabore con los periodistas independientes publicando en particular sus crónicas y artículos.
Además de un apoyo financiero, esta colaboración representaría un reconocimiento de su trabajo y
permitiría romper el aislamiento que los enmarca.