EL PAIS DIGITAL

La recesión económica mundial y las secuelas del 11 de septiembre han arrastrado a Cuba a la peor crisis desde la desaparición del campo socialista. Una década después de aquel golpe, que provocó una caída del 35% del PIB y dejó a la isla sin el 85% de sus mercados y suministros, el Gobierno de Fidel Castro ha tenido que decretar severas medidas de ahorro de energía en todas las empresas del país y adoptar dos medidas de ajuste -subir los precios de los productos en dólares y cerrar la mitad de los centrales azucareras que existen en el país- de elevado impacto social.

La crisis actual se debe en gran medida a factores externos. Cuando todavía la isla no se había recuperado de la devastación económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética, los atentados terroristas del 11 de septiembre repercutieron directamente en la primera fuente de ingresos brutos de divisas de la isla: el turismo. Este sector aportó a la economía nacional 2.000 millones de dólares en el año 2000 y las perspectivas de crecimiento para el año pasado eran del 7%. El crecimiento se redujo finalmente al 1% y en los cuatro primeros meses de 2002 cayó un 15%.

Otro efecto negativo del 11-S fue la subida de los precios del petróleo, algo que ha golpeado especialmente al Gobierno de La Habana. En comprar crudo, Cuba gasta al año aproximadamente 1.000 millones de dólares, cerca de la tercera parte de los recursos con que cuenta para importar. Para intentar compensar el gasto adicional, evaluado en varios cientos de millones de dólares, el Gobierno cubano demandó a todas las fábricas y empresas estatales que redujesen el consumo de electricidad en un 10% y ordenó también implementar una política de cero gastos y reducción drástica de importaciones.

La crisis del petróleo se vio agravada este año por un conflicto con la compañía Petróleos de Venezuela (Pedevesa), que por impagos y retrasos de Cuba le cortó el suministro de 53.000 barriles de crudo diarios -un tercio de su consumo- que eran adquiridos a precios preferenciales. El fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez complicó aún más la situación: desde entonces La Habana no ha recibido un solo barril de petróleo de la nación suramericana.

Los atentados contra las Torres Gemelas y la recesión económica internacional no dejaron indemne otra importante fuente de recursos de la isla, las remesas de dinero que envían los cubano-americanos. Aunque no hay cifras fiables, por lo recaudado en las tiendas de divisas que existen en todo el territorio cubano, se calcula que esto representa entre 500 y 800 millones de dólares -probablemente el ingreso neto más importante del país-. En 2000, las tiendas de divisas vendieron productos por valor de 1.000 millones de dólares. El ingreso de estos establecimientos cayó entre un 10% y un 20% el año pasado y, según diversas fuentes, las remesas no superaron los 500 millones de dólares.

Desde el golpe contra Chávez, Cuba no ha recibido un solo barril de petróleo venezolano

La desaceleración económica mundial trajo a la isla más disgustos al bajar abruptamente los precios de los productos que Cuba exporta, fundamentalmente el azúcar y el níquel. En mayo de 2001 la tonelada de azúcar se pagaba a 200 dólares; en la actualidad, a 155. El resultado es que, habiendo producido más azúcar este año que el anterior, el ingreso será 120 millones de dólares menor (de 561 millones pasará a 441). Para más desgracias, los destrozos causados en los cultivos de caña de azúcar por el huracán Michelle a finales del año pasado, hicieron que la isla dejase de producir 400.000 toneladas de dulce, otro escollo más para la primera industria del país, ya desde hace tiempo en crisis.

Junto a estos factores externos están los derivados de la propia ineficacia de las empresas estatales y de otras variables internas. Un dato significativo es que, según la Oficina Nacional de Estadísticas, el año pasado la liquidez en pesos creció en cerca de 1.700 millones, situándose en 12.337 millones, el nivel más elevado de dinero circulante desde la crisis de principios de los años noventa. Esto se ha traducido en un aumento sensible de la inflación y en la subida de los precios en los mercados agropecuarios, donde la mayoría de los cubanos se aprovisionan de carne, verduras y otros alimentos en pesos cubanos. Como promedio, el alza de los precios en estos mercados fue de un 12%, un golpe considerable para una población que lleva años en números rojos.

Por si fuera poco, a esta compleja situación hay que añadir dos lastres que arrastra la economía cubana desde hace años: la dificultad que tiene Cuba para acceder a créditos internacionales de medio y largo plazo -en la actualidad, La Habana tiene cerradas las principales líneas de crédito con España, Francia e Italia debido a los reiterados impagos-; y la escasez de divisas en efectivo, que obliga a las autoridades a pasar el cepillo casi a diario en las instalaciones turísticas y casas de cambio para poder hacer frente malamente a sus obligaciones internacionales.

Un reflejo de la magnitud de la crisis son las dos medidas de ajuste adoptadas recientemente por el Gobierno. La primera, la subida de precios de los productos en dólares, tiene como objetivo recoger el dinero que los cubanos guardan debajo del colchón y se debe a la falta de liquidez que asfixia a la economía cubana en esta coyuntura. El aumento de los precios, que en principio iba a ser de entre un 10% y un 30%, ha provocado numerosas críticas en la población cuyo salario mensual medio es de 250 pesos -equivalente a 8,50 euros al cambio oficial-. Aunque sólo un 60% de los cubanos tiene acceso directo a dólares, y una gran parte de ellos a muy exiguas cantidades -el Estado estimula con 19 dólares mensuales a aproximadamente un millón de obreros-, hay productos, como el jabón, el aceite y otros de la canasta básica, que sólo se encuentran en las tiendas de divisas.

La segunda medida, la reconversión y redimensionamiento de la industria azucarera, tendrá un impacto social tremendo. De las 156 centrales azucareras que existen en la isla, 71 cerrarán definitivamente en los próximos meses y al menos 100.000 trabajadores, un 2,5% de la población activa, tendrán que ser reubicados en un nuevo empleo que de momento no existe.