El proyecto de ley de reforma constitucional fue sometido a la votación a viva voz de los 559 diputados participantes en la sesión extraordinaria del Parlamento, que lo aprobaron de manera unánime. La reunión del Legislativo se celebró durante los últimos tres días con la asistencia del presidente cubano, Fidel Castro, y la máxima dirección de su Gobierno.

En su intervención, Castro se pronunció a favor de perfeccionar y mejorar el sistema socialista y 'no destruirlo'. Se nos pedía, dijo Castro, 'que revocáramos, que fuéramos hacia el capitalismo. Eso era una ofensa. La respuesta es que pierdan toda esperanza de que Cuba va a renunciar al socialismo'.

En esos tres días de sesiones intervinieron 165 diputados, representantes de las organizaciones sociales y de masas, y varios invitados extranjeros que en sus discursos criticaron las peticiones de democratización del presidente de EE UU a Cuba.

La reunión fue convocada por Castro, en su condición de presidente del Consejo de Estado, para considerar la propuesta que ya había sido respaldada la semana pasada con las firmas de 8.188.198 ciudadanos en edad electoral (desde los 16 años), es decir, el 99,25% de las personas con derecho a voto.

Antes de esa masiva recogida de firmas, la iniciativa en favor del carácter inmutable del socialismo en Cuba fue respaldada también con una marcha nacional celebrada en toda la isla, en la que participaron millones de personas, según datos oficiales.

Esta reforma constitucional fue impulsada por el régimen de Castro después de que, el pasado mes de mayo, los principales grupos de la disidencia interna presentaron también al Parlamento 11.020 firmas en apoyo a la convocatoria de un referéndum -el llamado Proyecto Varela, que encabeza el disidente Osvaldo Payá- para introducir cambios democratizadores y de apertura económica en la legislación y decretar una amnistía política.

Pese a ello, según recoge el nuevo texto, la irrevocabilidad del socialismo es una 'digna y categórica respuesta a las amenazas del Gobierno imperialista de Estados Unidos el 20 de mayo del 2002'. Esa fecha hace referencia a los discursos pronunciados por el presidente de EE UU, George W. Bush, en Miami y Washington en los que pidió reformas democráticas al Gobierno cubano.

En otro artículo, la nueva ley afirma que 'la República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad que desconocen o disminuyen su soberanía y su integridad territorial'. Igualmente, dispone que 'las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera'.

Asimismo, en otro de los artículos sostiene que la Constitución 'sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado en votación nominal por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes , excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo carácter irrevocable establece'. 'Si la reforma', añade, 'se refiere a las facultades de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere además la ratificación' por parte de los ciudadanos en referéndum.