Lunes 31 mayo 1999 - Nº 1123 ECONOMÍA / TRABAJO |
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El Gobierno introduce reformas legislativas para conseguir inversiones extranjeras
JUAN JESÚS AZNÁREZ,
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"La revolución se planteó qué hacer", comenta un alto cargo del Partido Comunista Cubano. Fueron miles y miles de reuniones, se auscultó la capacidad de resistencia de la sociedad a través del partido y de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y se descartaron medidas de choque neoliberales. "La revolución se hubiera negado a sí misma", continúa. "Llegamos a la conclusión de que algunas de las funciones del Estado podían ser transferidas a manos privadas sin lesionar nuestros principios de equidad social, aunque admitíamos que iba a haber desigualdades sociales, ni poner en peligro los avances en salud, educación y defensa".
Los rigores de la extrema carestía quedaron aliviados con la legalización del dólar en 1993, los envíos de los cubanos en el exterior (cerca de mil millones de dólares), el trabajo por cuenta propia, el fortísimo aumento del turismo (cerca de 1.100 millones de dólares en 1998), y la entrada del capital extranjero en inversión, gestión o coproducción.
Menos controles
La caída en picado quedó frenada en 1994. Los pronósticos de este año apuntan a una subida del 3,5%. "Pero mientras no cambien el sistema, y la iniciativa privada no pueda actuar sin tantos controles, no prosperarán de verdad", señala un empresario con intereses en Cuba. El Gobierno es reacio a la intervención privada, y en ocasiones da marcha atrás, temiendo daños políticos o agravios comparativos. Poco a poco, sin embargo, se consolida una mentalidad de mercado, una economía de costes.
"Una razón para no abrirnos más es política: los propietarios se convertirían en un sector manipulable por Estados Unidos", señala un cuadro con acceso al Palacio de la Revolución. Las medidas adoptadas son diversas. Entre otras, la posibilidad de obtener créditos personales para el consumo en pesos, la promulgación de una ley tributaria o la apertura de zonas francas. El impuesto al valor añadido (IVA) ha quedado descartado, de momento, porque, entre otras razones, no hay capacidad técnica para aplicarlo. Los cubanos no pagan impuestos sobre los ingresos, a excepción de los que trabajan en el sector privado.
Pero la apuesta fundamental son los 350 acuerdos de asociación o colaboración con el capital extranjero, interesados en el turismo, la minería del níquel, el petróleo o la telefonía. El Gobierno, además, confía en el desembolso de los 2.200 millones de dólares en inversión.
La meta es conseguir divisas, porque las necesidades de financiación y gasto rondan este año los 6.000 millones de dólares, según analistas extranjeros. La educación, la salud y la defensa quedan cerrados al capital extranjero, y el resto ha sido abierto, al menos como posibilidad legislativa. "Pero no pueden invertir donde quieran, o como quieran. Deben negociar con un comité interministerial caso a caso, adaptarse a nuestras necesidades. Queremos inversiones con valor añadido", señala un funcionario de Hacienda. "Pero el inversor sabe que en Cuba hay tranquilidad y que lo que aquí llamamos corrupción es un juego comparado con México, Venezuela o Argentina", añade. "Lo peor quedó atrás y ahora avanzamos poco a poco", insisten todas las fuentes oficiales consultadas, entre ellas Juan Triana, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana.
Las consecuencias de la desaparición de los subsidios políticos, sin embargo, todavía colean. También lo hacen las carencias de una economía poco homologable, y un sistema financiero, motor del sector productivo, todavía hilvanado. Cuba tiene que valerse por sí misma, con mecanismos ad hoc. Proscrita en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, su acceso al crédito es escaso.
Los fallos estructurales son otro obstáculo. La agricultura planificada es poco eficiente, al igual que el mantenimiento de un aparato industrial añejo, y desde 1986 se mantiene una moratoria en el pago de una deuda externa de 11.000 millones de dólares. Según un informe de la Embajada francesa en La Habana, el coste anual del embargo norteamericano ha sido calculado en 800 millones de dólares. "La crisis de liquidez plantea desde ahora la solvencia a corto plazo", agrega el documento.
Para cubrirse, los operadores negocian préstamos a corto plazo a tasas de interés de hasta el 20%. Los aceptados en estas condiciones llegan a los 2.600 millones de dólares. Otro de los retos es cómo acortar el déficit fiscal, proseguir con el austero manejo de la masa monetaria nacional, y mantener la inflación controlada, que oscila entre el 3% y el 5%.
El problema es cómo combinar esta cuestión con subidas salariales a centenares de miles de trabajadores en los estratégicos sectores de la salud, educación, prensa, administración, y policial. El aumento, de todas formas, parecía inevitable. El sueldo mensual medio alcanza los 220 pesos aproximadamente, equivalente a 11 dólares al cambio oficioso controlado por el Estado. El ministro de Finanzas, Manuel Millares, reconoce que demasiado dinero en manos de la población "sin respaldo material, sin mayor producción" supondrá "un efecto muy negativo con repercusión en el nivel de vida", a causa del aumento de los precios.
La producción azucarera, primera industria cubana después del turismo -es una actividad de la que dependen más de dos millones de personas- parece haber encontrado la senda de la recuperación, después de años de varios intentos fallidos.
Cuba alcanzó este año su meta: cosechar 3,6 millones de toneladas, contra las 3,2 de la zafra anterior, pero los precios en los mercados internacionales son malos y afectarán a aquellas toneladas no comprometidas anteriormente en contratos con precios fijado de antemano.
La producción de azúcar, que representa el 43% del total de las exportaciones del país, había caído de 8,1 millones de toneladas en 1990 a 3,3 millones en 1995 debido a la desaparición de la Unión Soviética, que pagaba precios de preferencia. La cotización del millón de toneladas bajó de los 800 a los 200 millones de dólares, y ese abaratamiento castigó a las arcas cubanas. Uno de los objetivos de la apertura es, precisamente, modernizar el cultivo del azúcar atrayendo capitales extranjeros.
España entró con fuerza en el desarrollo del turismo cubano, y en el malecón de La Habana prospera el pionero Hotel Meliá-Cohiba. El propio grupo Meliá, que eligió Cuba como principal mercado después de España, y otros consorcios turísticos (Guitart, Riu, Tryp, Barceló o Iberosturt) desarrollan más planes. Se trata de recuperar pronto la inversión, pero apostando porque la isla despegue.
Según datos de la Consejería Comercial, de las 29.000 camas hoteleras registradas en el país, 6.000 están gestionadas por firmas españolas. Y es que España es el primer socio comercial de Cuba, y exportó el pasado año 550 millones de dólares en mercancías. De hecho, el año cerró con España en primer lugar en el número de empresas con presencia o algún tipo de asociación con Cuba, 70 en total, en la industria básica y ligera, turismo, alimentación, construcción y agricultura.
Las cifras de la inversión española, al igual que las de otros países, se mantienen bajo reserva para evitar problemas con la ley norteamericana Helms-Burton, que sanciona a empresas que comercian con Fidel Castro. Fuentes españolas lamentan, sin embargo, que el Gobierno cubano sólo se abra por fuerza mayor "para sobrevivir, para evitar que todo se venga abajo". Cuba, generalmente, compra al contado, pide ser financiada por el suministrador, o echa mano de una intermediación que encarece el crédito.
España mantiene abiertas en la actualidad tres líneas
de cobertura de crédito: para comprar alimentos, bienes de equipo
o equipos para la zafra. Fuentes diplomáticas prefirieron no precisar
el monto actual de esas líneas porque también los otros países
acreditados en La Habana ocultan las suyas.
Varias autonomías, ayuntamientos y ONG españolas también canalizan fondos hacia Cuba.
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