Como preludio de una posible arremetida contra la disidencia interna, el dictador cubano Fidel Castro hizo fuertes críticas a la jefa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, a los principales opositores pacíficos de la isla y por lo menos a un importante arzobispo de la Iglesia Católica, a sólo dos semanas de la inauguración de la IX Cumbre Iberoamericana.
En un discurso de más de cinco horas que comenzó la noche del lunes y concluyó la madrugada del martes, Castro acusó a la disidencia interna, supuestamente alentada por Estados Unidos, de preparar una "cumbre paralela" sobre derechos humanos, con la participación del director de la organización Human Rights Watch/Americas, José Miguel Vivanco.
Castro dijo también saber de "fuentes fidedignas" que no mencionó, que la influyente Fundación Nacional Cubano Americana "está dispuesta a gastar millones de dólares" para respaldar a la disidencia y la Iglesia cubana, para sabotear la IX Cumbre Iberoamericana que se realizará en La Habana los días 15 y 16 de noviembre.
El gobernante comunista mencionó por sus nombres a varios disidentes, entre ellos a Elizardo Sánchez Santacruz y al periodista independiente Jorge Olivera Castillo, así como a la jefa de la Oficina de Intereses de EE.UU. en Cuba, Vicky Huddleston, a quien acusó de "estar fastidiando desde 1992".El dirigente cubano dijo que los funcionarios de la Oficina de Intereses de EE.UU. en Cuba "no están aquí sólo para dar visas, sino para hacer guerra, para conspirar".
Entre los presuntos conspiradores, Castro mencionó también al arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Meurice, quien durante la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998 pronunció un discurso crítico de la situación cubana, poco agradable para el gobierno de La Habana.
Tanto Sánchez Santacruz como Olivera Castillo desmintieron al dictador en declaraciones a la prensa extranjera acreditada en Cuba.
"Estas acusaciones son totalmente infundadas", señaló a la Associated Press Sánchez Santacruz, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y está considerado el más moderado de los líderes de la disidencia interna cubana.
"Mi preocupación es que esto sea el preámbulo de medidas más drásticas del gobierno contra la oposición pacífica interna", agregó el disidente, quien inclusive ha abogado por una transición democrática con Castro a la cabeza.
Por su parte, Olivera Castillo, quien trabaja para la agencia de prensa independiente Habana Press, indicó respecto a las declaraciones de Castro: "nos está acusando de tratar de destruir la cumbre.. eso es absolutamente falso".
"Lamentamos este ataque, el lenguaje fue muy agresivo", agregó el periodista.En realidad, el movimiento disidente cubano ha anunciado públicamente que tiene planes de llevar a cabo varios eventos, para dar a conocer el hecho de que en Cuba no se permiten las libertades de expresión y asociación, a propósito de la presencia de numerosos jefes de Estado y de gobiernos de América Latina, España y Portugal.
Con su habitual retórica de ataques a quienes piensan diferente a él, Castro ha confundido el derecho a expresar ideas con una conspiración. También, mientras el resto de la humanidad e importantes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos aceptan el término "disidente" para quienes expresan ideas contrarias a las de su gobierno, el dictador caribeño insiste en que estos opositores no son tales, sino "contrarrevolucionarios" al servicio de Estados Unidos.
El temor de Sánchez Santacruz de que los pronunciamientos de Castro pudiesen ser el preludio de una ofensiva de las fuerzas de Seguridad del Estado (policía política), no parece infundado. En el pasado, algunas olas de arrestos de opositores se produjeron precisamente horas después de algún discurso de Castro.
La IX Cumbre se producirá justamente en un año pésimo respecto a violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Castro. En febrero, la Asamblea Nacional de Poder Popular (parlamento castrista) aprobó una pieza legislativa, conocida como "ley mordaza", mediante la que se podría condenar hasta con 20 años de cárcel a quienes envíen información desfavorable al régimen hacia el extranjero. En marzo, cuatro conocidos disidentes fueron condenados a penas de cinco, cuatro y tres años y medio de cárcel por haber dado a conocer el documento "La Patria es de Todos", crítico de la situación cubana.
A lo largo de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Pax Cristi, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y el Comité de Protección a los Periodistas, entre otras organizaciones, han divulgado documentos críticos de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Castro, que en enero cumplirá 41 años en el poder.
Ya fue una decisión desacertada organizar la IX Cumbre en La Habana, especialmente después de la firma en cumbres anteriores de varios documentos de compromiso con la democracia y los derechos humanos. Si en el período que falta para la inauguración del cónclave Castro desatara una ola de arrestos y hostigamiento del movimiento interno de oposición pacífica, como se teme, la celebración de la cumbre en Cuba podría pasar de una decisión desacertada, a un acto vergonzoso.