La convulsionada situación internacional de finales de los años 50 y comienzos de los 60, singularizada en América por la Guerra de Secesión norteamericana, creó un escenario propicio para el surgimiento del neocolonialismo europeo en América, Asia y África. En el caso del Caribe, gracias a la ausencia temporal de los Estados Unidos de la escena internacional, España fue el principal protagonista de dos importantes acontecimientos político-militares: la invasión de México, en unión a Francia e Inglaterra (1860 a 1863) y la anexión y guerra subsiguiente con la República Dominicana (1860 a 1865), acciones que se repitieron en el Pacífico americano y asiático: toma del Callao (1866), conquista definitiva de la isla de Fernando Poo -Guinea- (1858) y expedición franco-española sobre Cochinchina (1858 a 1862), todas ellas financiadas con los llamados «sobrantes» o «superávit» de las Cajas de La Habana, y con centro logístico, como al final de los años 20, en las islas de Cuba y Puerto Rico. El descalabro español en Santo Domingo –pérdida de no menos de 15 mil hombres- después de cinco años de impotente combate, así como el triunfo antiesclavista en los Estados Unidos constituyeron dos factores externos que condicionaron inmediata y definitivamente el proceso político cubano en su marcha hacia la independencia.

Antes que nada, fue un lamentable precedente –y menos alentador augurio- la penosa derrota del ejército metropolitano por parte de un enjambre de ejércitos irregulares, en su mayoría negros y mulatos, ayudados de plagas de todo tipo. Pero dicha derrota resultó apenas transitoria cuanto la guerra se reanudó dos años más tarde en Cuba, en donde varios de los Generales españoles que habían sido derrotados en Santo Domingo –Blas Villate y Valeriano Weyler, los más destacados- tuvieron que enfrentarse, una vez más sin vencerlos, a los principales cabecillas dominicanos –Máximo Gómez, Modesto Díaz y los hermanos Marcanos- quienes había decidido continuar su lucha anticolonial en Cuba. De otra parte, no fue menos importante el desafío que significó reubicar, en Cuba y Puerto Rico, los restos sobrevivientes del ejército español, en su mayoría conformado por negros libres y mulatos, efectivos que se convirtieron en un nuevo factor desestabilizador del poder y soberanía españoles en ambas islas, cuyo reflejo inmediato se palpará a la hora de la conformación de los ejércitos rebeldes cubanos y portorriqueños.

Hacia la mitad de la década de 1860, la estructura socio-económica de la isla había cambiado sustancialmente. En un plazo de 30 años, España había logrado imponer dos grandes procesos: por una parte, la «metropolización» de la élite frente a la tradicional sacarocracia y, por otra, el «blanqueo» étnico, haciendo que el estrato negro-esclavo dejara de ser el componente dominante. Lo primero había sido factible con el asentamiento de importantes capitales y empresarios de la península y lo segundo, gracias a una creciente inmigración blanca, europea e hispanoamericana, ésta última procedente de los españoles emigrados de México, Tierra Firme y Perú, proceso que se agudizó todavía durante los siguientes treinta años. Se estima que entre 1868 y 1894 pasaron a la isla no menos de 708.734 blancos, de los que 417.624 fueron inmigrantes y 291.110 soldados.

Los cambios en la concentración de la hacienda de azúcar, y en alguna medida de café y tabaco -ya desestancado-, y el impulso a las finanzas, el transporte naval, el comercio exportador y la propiedad inmobiliaria, eran notorios para comienzos de los 60; para estas fechas, los criollos escasamente poseían el 30% de la producción del azúcar, cuando a comienzos del siglo eran dueños del 90%. Esta prepotencia peninsular en lo económico se traducía en una predominancia política, igualmente notoria y manifestada en el control sobre los principales cargos de la justicia y mando militar, e incluso los gobiernos locales, quedando a los criollos el control de cargos secundarios, la educación y la cultura. Se configuró pues, tardíamente, el mismo antagonismo económico-político, criollo-peninsular, que había dominado el proceso previo a la independencia continental, medio siglo antes.

Hacia 1860, dos países, sustancialmente diferenciados social y económicamente, convivían en la isla: el Occidente, liderado por La Habana, de las grandes plantaciones esclavistas –ingenios de azúcar, haciendas cafetaleras y factorías de tabaco, principalmente-, con el grueso del comercio exportador y las altas finanzas, y el Oriente, de medianas y pequeñas plantaciones, obsoletos ingenios (trapiches de raspadura), con pocos y hasta envejecidos esclavos, jornaleros blancos, cafetales de colonos, ganaderos medios y poca densidad poblacional –de mayor proporción en mulatos, mestizos y blancos-, y reducida actividad exportadora. Por ello, la guerra misma se estructurará, a semejanza de la reciente secesionista norteamericana, en dos frentes radicalmente antagónicos, polarizados hasta el final del conflicto, no sólo geoestratégicamente, sino socioeconómicamente: el Occidente legitimista, esclavista y si acaso -llegado el momento para la burguesía criolla-, autonomista, y el Oriente -a veces también el Centro- nacionalista, popular, abolicionista e independentista, que será a la larga, y bajo la férula protectora norteamericana, el triunfador de tal contienda.

De otra parte, el vacío de poder que durante seis años se produce en la Península como consecuencias de las profundas alteraciones y transformaciones políticas, partidistas y dinásticas de la España del Sexenio Democrático, aparece inicialmente emparentado, como acicate y modelo, para este primer intento revolucionario y republicano en Cuba, conforme dejaron evidenciado los manifiestos nexos personales y políticos que se dieron entre los golpistas peninsulares y los primeros protagonistas de la guerra cubana: regreso de Juan Prim a España pagado por el multimillonario Conde Casa de Brunete, parentesco matrimonial de los Generales Francisco Serrano y Domingo Dulce con dos de los más altos linajes cubanos, presencia e influencia manifiesta en Madrid de los intereses de la alta oligarquía cubana, cuyos prohombres estarán omnipresentes a lo largo de la última Regencia del período y el efímero interregno republicano.

Una vez restablecida la Unión norteamericana, los perdurables intereses anexionistas del sur de los Estados Unidos, negreros y proesclavistas, a pesar de su reciente derrota secesionista, pesarán en la marcha y resolución final del conflicto cubano. Esta nueva fase de la injerencia norteamericana en el destino de Cuba y Puerto Rico, no será ya una retribución al desacierto español de haber reconocido el status de beligerante de los Estados rebeldes del Sur antiabolicionista, sino una clara consolidación de la política expansionista y hegemonía americana en el Caribe y América en general. Lo anterior se hizo más manifiesto en la medida en que España se mostraba, a lo largo del conflicto cubano, cada vez más incapaz de pacificar la isla, permitiendo que Estados Unidos, con la general complacencia del resto de Europa, se convirtiera en el árbitro y beneficiario final del conflicto y guerra cubana.

Por todo lo anterior, puede decirse que la crisis política que de forma virulenta estalla en Cuba en 1868, fue apenas consecuencia del creciente desfase que se dio en la isla entre la vertiginosa dinámica económica y la nula modernización de la estructura social y política que debía haber acompañado a la primera, lo que se negó tanto en la isla como en la metrópoli por parte de la élite criolla/peninsular dominante, conforme quedó patentizado con el fracaso de la Junta de Información de Madrid, reconocida maniobra de la plutocracia azucarera cubana para impedir en Madrid, hasta el cese del gobierno liberal, todo intento de reforma para Cuba y Puerto Rico.

Así pues, a partir de 1868, no fue una, sino al menos tres las guerras cubanas de liberación que se iniciaron y prolongaron simultáneamente durante 32 años: Una, la propiamente militar de independencia naciente en el oriente nacionalista contra el occidente legitimista, y a lo mejor autonomista, otra, estrictamente socio-política entre las dos alas de la plutocracia, criollos y peninsulares del occidente, contra la mediana y pequeña burguesía y demás estratos empobrecidos del oriente, luchando todos por el dominio final del poder a espaldas de la guerra militar, y la última, la diplomática, entre España y los Estados Unidos, para la anexión o dominio final de Cuba y Puerto Rico. En todas España fue parte activa y perdedora.

EL 3 de agosto de 1868, los principales conspiradores del oriente cubano, reunidos en el ingenio San Miguel de Rompe -Tunas-, deciden iniciar su acción subversiva y republicana, constituyendo la primera Junta Revolucionaria, compuesta por cinco miembros, de la que Francisco Vicente Aguilera fue electo Presidente. A semejanza del previo y largo movimiento juntista revolucionario, peninsular y americano de comienzos del siglo, se pretendió centralizar y unificar la dirección política y el mando militar en un solo organismo frente a las pretensiones de las muchas juntas provinciales que en la Isla, pero particularmente en Oriente, prepararon y dirigieron inicialmente la nueva irrupción revolucionaria. Existían entonces, con denominación y composición muy diferentes, incluso dentro una misma provincia varios entes revolucionarios: asambleas, juntas revolucionaria -como la de La Habana y Centro-, o comités revolucionarios y asamblea de representantes, como los del oriente de la isla.

Sin embargo, tres días después, reunidos en el ingenio El Rosario, los miembros de la Junta de Manzanillo, la más activa y numerosa de todas, que presidía Carlos María Céspedes del Castillo, decidieron relevar a Francisco Vicente Aquilera de su reciente encargo y proclamar a Céspedes jefe de la revolución, convocando a todas las demás Juntas para el próximo 10 de octubre en el ingenio Damajagua. En Jara, en la citada fecha, se proclamó la rebelión general de la isla en contra del poder español, acto éste conocido como el 'Grito de Jara'. Como primer acto insurgente, el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cuba ¡Cuba Libre! anunció la abolición gradual de la esclavitud, con indemnización por la revolución, propuesta dirigida a asegurar por parejo la adhesión de los negros -libertos o esclavos-, mulatos y demás gente de color, como también el respaldo de los pequeños hacendados y ganaderos del centro y oriente del país. Al levantamiento de Manzanillo respondieron buen número de pueblos del Oriente: Jiguaní, Baire, Santa Rita, Datil y Cauto del Embarcadero, la mayoría de los cuales se iniciaron con la quema de cañaverales. Bayano fue designada primera capital de la Revolución. Al día siguiente -11 de octubre- Céspedes fue confirmado jefe único en Oriente. Por su parte, estructurado su mando de guerra, Céspedes se traslado a Guáimaro, desde donde volvió a proclamar la inmediata ejecución de la abolición, acto previo a su Marcha de Oriente destinada a capitular las principales capitales. Una columna española fue la primera en atacarle, llegando a dispersarle en un principio, encuentro del que salió airoso gracias al oportuno apoyo recibido del oficial de la reserva dominicana, Luis Marcanos, recién llegado con 300 hombres. Regresó Céspedes con sus tropas sobre Yara y luego pasó a Bayano, que capituló tres días después.

En la Península, tres días antes, el general Juan Prim y Prats entraba victorioso en Madrid después de su fulminante paso por Valencia y Barcelona quedando con ello consolidada la revolución de 1868, que dio paso al Sexenio democrático español. No sólo la simultaneidad de los pronunciamientos revolucionarios de Cuba y España, sino las aparentes coincidencias –muy pronto divergencias- entre los rebeldes pro-republicanos de Yara y el gobierno provisional del reino, alentaron la suposición de un secreto compromiso, suscrito en algún lugar de España entre Prim y el desterrado Cáceres, por el que éste secundaría en la isla la rebelión peninsular a cambio de una amplia y casi general autonomía para Cuba, similar a la que disfrutaba Canadá frente a Gran Bretaña. Los estrechos nexos personales y de servicio previo en la isla de la mayoría de los cabecillas del golpe septembrino en España, afianzan tal suposición: Serrano había sido Capitán General de Cuba entre 1859 y 1863, gestión que le valió el título de Duque de la Torre, y además estaba casado con una sobrina de origen cubano y recio abolengo isleño, pues era hija del Conde de San Antonio. Prim fue Gobernador General de Puerto Rico entre 1847 y 1848 y La Habana había sido la sede de operaciones de la expedición contra México que dirigió desde finales de 1861 hasta mediados del 62, y estaba además casado con otra cubana de alta alcurnia. Topete había sido Jefe del Apostadero Naval de La Habana de 1832 a 1838, y luego fue Jefe de la Escuadra española en Cuba. En 1862, el General Domingo Dulce había sucedido a Serrano como Capitán General de la Isla, y como tal regresó a Cuba en 1868 designado por el recién posesionado gobierno provisional de Serrano y Prim.

Ya desde Cádiz, el manifiesto España con Honra, redactado por Adelardo López de Ayala, futuro Ministro de Ultramar del gobierno provisional, anticipó las reformas para el gobierno de las Provincias de Ultramar, que disfrutarían de todas las ventajas de la revolución liberal. La primera Circular del ahora Ministro de Ultramar, López de Ayala, advertía que Cuba y Puerto Rico elegirían diputados a la Asamblea Constituyente en cuyo seno se adoptaría un régimen especial de gobierno para Ultramar -ya prometido en 1837-. Nada más instalado el nuevo gobierno, éste decretó –15 de octubre de 1868- la libertad de los hijos de esclava nacidos a partir de dicho mes (un posterior decreto del 4 de julio de 1870, lo extendió a los mayores de 60 años que sirvieran al ejército o trabajasen para el Estado). Otro Decreto del 14 de diciembre de 1869 asignó 18 diputados a Cuba y 11 a Puerto Rico, que además de ser elegidos por vía censitaria (sujetos tributarios), debían ser mayores de 25 años. El estado de guerra y la imposibilidad de celebrar las elecciones impidió que los diputados cubanos, a diferencia de los portorriqueños, asistieron a dicha Asamblea, aprobándose sin su voto futuras y trascendentales disposiciones para el futuro de la isla, como la abolición de la esclavitud negra.

Entre tanto, en Cuba el Capitán General Francisco de Lersundi, monarquista irrestricto, continuó gobernando en nombre de Isabel II y absteniéndose de introducir las reformas liberales que el reciente gobierno golpista se propuso implantar en Ultramar. Su primera medida fue declarar el estado de sitio. Acto seguido envió al Conde de Valmaseda –su segundo al mando- a enfrentarse con los insurgentes en Camagüey, y con quienes intentó –sin éxito- un primer arreglo negociado, luego de lo cual los sublevados lograron -20 de octubre de 1868- asegurar la posesión de Bayamo, la más importante conquista revolucionaria durante el final de dicho semestre. Aprovechando el error de Lersundi, que improcedentemente había ofrecido en garantía los bienes de la isla en un crédito que se quiso contratar en Gran Bretaña, el gobierno español designó al ya mencionado General golpista Domingo Dulce nuevo Capitán General de la isla, cargo que asumió el 4 de enero de 1869. Imbuido del ánimo de concordia que debía suponer el supuesto pacto con los revolucionarios de Oriente, intentó un arreglo negociado del conflicto, lo que chocó con la cerrada negativa de la mayoría de jefes insurgentes. Esta primera actitud llevó a Dulce a enfrentar paralelamente la intransigencia realista de los potentados habaneros, enemigos de otorgar concesiones a los revolucionarios. Una y otra cosa, lo llevaron en abril de 1869 a aplicar una drástica represión: deportaciones, fusilamientos y confiscación de bienes para los alzados en armas o sus colaboradores, como también una estricta censura de prensa.

Fracasado este primer intento conciliador, se desarrolló paralelamente un proceso revolucionario-constituyente en la península y en la isla. El 11 de febrero de 1869, se reunieron en Madrid las Cortes Constituyentes, y el 6 de abril del mismo iniciaron los debates. A su vez, cuatro días más tarde -10 de abril- convocados por J. M. Cáceres, se juntaron en Guámiro quince parlamentarios representantes de las provincias cubanas, declarándose Asamblea Constituyente y Parlamentaria. J.M. Cáceres fue nombrado primer Presidente de la república. El 20 de abril, dicha Asamblea aprobó la primera Constitución de la República de Cuba, federal y unicameral. A continuación, se sancionó el Reglamento de libertos, por el que se abolía -conforme a lo ya aprobado en Jara- parcial y tímidamente la esclavitud en Cuba, norma en principio aplicable a aquellos esclavos que engrosaran el ejército libertador. La manumisión sería indemnizada por el Estado. Entre los firmantes figuraron dos próximos personajes de la revolución cubana: Salvador Cisneros Betancourt, segundo Marqués de Santa Lucía, gran propietario y miembro de la alta sociedad cubana, quien había organizado la Sociedad Libertadora en Camagüey y era miembro de la Junta Revolucionaria de la misma ciudad (1866), e Ignacio Agramonte y Lloynaz, igualmente de rancio linaje azucarero en Oriente. Muy a continuación, la Asamblea pidió al Presidente de los Estados Unidos, el republicano Ulyses Grant, el reconocimiento del estatuto de beligerantes de los insurgentes republicanos cubanos. Un poco más tarde, el Presidente Cáceres, siguiendo la resolución de la Cámara –29 de abril- manifestó al mismo gobierno de Washington el deseo cubano de entrar a formar parte, como nuevo estado, de la Unión americana. El gobierno norteamericano respondió en Madrid proponiendo al gobierno la compra formal de Cuba. Por su parte, Cáceres organizó formalmente su ejecutivo de guerra: nombró a su cuñado Quesada Jefe del Ejército y a Agramonte como Comandante del Estado de Camagüey -y por algún tiempo General en Jefe-, reactivando a continuación la política de la 'tea incendiaria'.

El 6 de junio de 1869, las Cortes españolas aprobaron la nueva Constitución, cuyo artículo 107, gracias a la efectiva presión ejercida por los influyentes habaneros en Madrid, dejó pendiente la reforma del Gobierno de las Provincias de Ultramar, hasta tanto estuviesen presentes los diputados de Cuba, que a pesar de la labor de Manuel Becerra, entonces Ministro e Ultramar, no pudieron ser elegidos oportunamente. El 17 de junio siguiente, Serrano fue designado Regente del reino con el título de Alteza, resignando sus poderes y encargando a Prim la formación de un nuevo Gobierno, que completó al día siguiente. En dicho mes de junio, se designó a Caballero Fernández de Rodas nuevo Capitán General de Cuba. Caballero, como su antecesor, se propuso de entrada –igualmente sin éxito- un nuevo intento reconciliador con los rebeldes de Oriente. Al ser rechazada su oferta y tras la derrota que les propinó en Tunas, ordenó el fusilamiento de los jefes rebeldes Domingo Goicuría y Gaspar Diego Agüero.

Una nueva Circular el ministro Becerra anunció las sustanciales reformas que el gabinete de Prim se proponía adelantar respecto de las Antillas: inicio de la abolición de la esclavitud, declaración como comercio de cabotaje del realizado con la metrópoli, abolición de los derechos aduaneros diferenciales según la bandera y aplicación extensiva de la Constitución. Una vez más, los omnipresentes e influyentes realistas habaneros, pidieron a Prim no adoptar en Puerto Rico tales reformas –por el grave precedente que se crearía- en tanto no estuviere totalmente pacificada la isla. El 18 de octubre de 1869, el Presidente Cáceres decretó la extensión de su política de la tea incendiaria al occidente, anunciando la marcha de la revolución sobre los grandes ingenios circundantes de La Habana. Concordando con los primeras escaramuzas exitosas de los rebeldes, el 6 de diciembre de dicho año, en su Mensaje al Congreso, el Presidente de los Estados Unidos Grant manifestó por primera vez la simpatía de su gobierno por los revolucionarios cubanos.

Durante el primer semestre de 1870, continuó acentuándose la asincronía de los procesos político-revolucionarios peninsular y cubano. En marzo de 1870, Becerra dejó el Ministerio de Ultramar, siendo sustituido por Segismundo Moret. En junio las Cortes, sin estar presentes los diputados cubanos, aprobaron la que luego se llamó 'Ley Moret', preparatoria de la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, por la que se conminaba al Gobierno a presentar un proyecto al respecto, a lo cual se opusieron nuevamente los conservadores cubanos, presionando por que se aplazara indefinidamente la elección de los diputados isleños. El 28 de julio Segismundo Moret decidió la convocatoria de elecciones en Cuba, las cuales debían llevarse a cabo el 23 de noviembre de dicho año y finalmente realizados el 20 de junio de 1871. En Puerto Rico se convocaron para el 20 de junio de 1870, cuando ya había sido entronizado Amadeo de Saboya como nuevo rey de España y Serrano se había hecho cargo del Gobierno, quedando prevista la reunión de las Cortes para el 3 de abril de 1871. En diciembre se designó al Conde de Valmaseda nuevo Capitán General de Cuba. Nada más desembarcar éste decretó una guerra sin cuartel a los revolucionarios de Cáceres, quienes tuvieron que replegarse sobre sus bases de Oriente, donde sólo quedaban activos los frentes del dominicano Máximo Gómez y los cubanos Antonio Maceo y Calixto García Íñiguez.

A finales de 1870, los tentáculos de los poderosos círculos plutocráticos cubanos, opuestos a los cambios, se ciernen sobre Madrid con el atentado homicida en contra de Prim, quien murió tres días después, llegándose a afirmar que el gatillo del revólver asesino había sido accionado desde La Habana. J. Bautista Topete le reemplazó transitoriamente. El 29 de diciembre, Práxedes Mateo Sagasta, Ministro de Gobernación, asumió la jefatura virtual del nuevo gobierno, que quedó formalmente constituido el 4 de enero de 1871. Entretanto, en Cuba continuaba languideciendo la rebelión republicana, cada vez más arrinconada en Oriente. De 1871 a 1874 las fuerzas realistas habían realizado una paciente pero efectiva campaña de limpieza en las zonas de más débil resistencia revolucionaria. Sin embargo, durante este interregno, la lucha política y social -y finalmente militar- se había hecho progresivamente más virulenta en la península hasta desembocar en el primer y efímero interregno republicano-centralista, no desfalleciendo por ello el optimismo de las autoridades de La Habana sobre el éxito final en el conflicto. Durante el gobierno de Sagasta –21 de diciembre de 1871 al 20 de febrero de 1872- ocurrió en Cuba el fusilamiento, autorizado por Valmaseda, de varios estudiantes que habían profanado la tumba de un soldado español (27 de diciembre).

El año de 1873 no fue menos convulso, mientras la revolución cubana seguía atrincherada en sus reductos de Oriente. En tanto los tropas españolas avanzaban en la pacificación de la Isla, en España la precipitada abdicación de Amadeo, dio paso para que la autoproclamada Asamblea Nacional Soberana, reasumiera los poderes vacantes del Estado y proclamara solemnemente la República -11 de febrero-, manteniendo vigente la Constitución del 69, excepto en lo tocante a la forma de gobierno, peninsular y ultramarino. Como manifestación de la febril actividad parlamentaria republicana, el 22 de marzo de 1873 se aprobó la nueva Ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, a la vez que se anunciaron próximas reformas sociales para Cuba. El recrudecimiento de la guerra carlista en la Península, aparejada con un repentino repunte de la acción revolucionaria en Cuba, se correspondió con un manifiesto descontento del ejército para pelear en una y otra contienda. Los repetidos cambios de gabiente de la I República española acabaron con la designación como Presidente de Emilio Castelar, con el expreso compromiso de concluir las guerras peninsular y cubana.

Para octubre de 1873, pese a la larga e inconsecuente lucha política metropolitana, y después de cinco años de guerra revolucionaria, la causa emancipadora cubana entraba en una profunda crisis interna, originada en la lucha por la dirección política y el mando militar del movimiento, siendo esta fractura de liderazgo patriota responsable de las nuevas derrotas sufridas por los revolucionarios. El 28 de octubre de 1873, la Cámara de Representantes cubana, presidida por Salvador Cisneros y Betancourt, aprobó la destitución del presidente Carlos María Céspedes, acosado por una oposición política que se hizo general luego de haber dejado sin efecto una sentencia del Consejo de Guerra que había condenado a su cuñado Quesada por un supuesto y continuado abuso de poder, como jefe del mando militar cubano. Lo sustituyó temporalmente Francisco Vicente Aguilera, quien se perpetuaría en el cargo hasta 1875. Para mayores males, en dicho mes, Ignacio Agramonte, Jefe militar de Oriente, murió en Camagüey, sustituyéndolo M. Gómez.

Para España, la situación internacional cubana se enturbiaría con el apresamiento -31 de octubre- por el navío español Tornado, del buque norteamericano Virginius, y en especial, por el fusilamiento de 57 de sus tripulantes, acusados por las autoridades cubanas de transportar y proteger a los subversivos de la isla, incidente que logró finalmente manejar con gran habilidad en Madrid el ministro Soler y Pla. En noviembre de 1873 el ministro decidió viajar a Cuba para informarse del estado de la guerra; allí le sorprendió el cambio de régimen y su sustitución como Ministro de Ultramar. Sin embargo, fue durante 1873, precisamente en el marco de la caótica situación peninsular, cuando se publicó el manifiesto del futuro líder de la última revolución cubana, José Martí, La República española y la revolución cubana, anticipo de lo que sería su futuro ideario independentista.

El tormentoso año político peninsular de 1874 tampoco será aprovechado por los revolucionarios cubanos. Dentro del gobierno de unión nacional, que con exclusión de los carlistas y federalistas, presidió el General Serrano, el progresista Víctor Balaguer fue designado Ministro de Ultramar. El propósito declarado de este ejecutivo fue nuevamente la conclusión, tanto de la guerra carlista como de la lánguida guerra en Cuba, para cuya Capitanía General se nombró al General José Gutiérrez de la Concha, que ya había servido el cargo entre 1850 y 1854. Para las mismas fechas, el 27 de febrero, C. M. Céspedes, quien después de su destitución en 1873 se había refugiado en la Sierra Maestra, cayó asesinado por un grupo de soldados españoles que arrasaron la choza en que se escondía, sin que haya sido cierto que su cadáver hubiera sido profanado. En desquite M. Gómez obtuvo ventajosos triunfos en Sacra y Palo Seco, victorias que refrendó con la más memorable de dicho año en Los Naranjos, donde derrotó al brigadier Bascones y Armiñán. No menos brillante fue el siguiente triunfo de Gómez en Guásimas -15 de marzo-, después de varios días de dura batalla.

Los notorios avances patriotas en el Oriente, coincidirán con la designación, en España, de Sagasta como Ministro de Gobernación y de Antonio Romero Ortíz, Ministro de Ultramar -13 de mayo-.

Tras la Restauración alfonsina, Antonio Cánovas del Castillo fue el encargado de constituir un nuevo gabinete-regencia en el que Adelardo López de Ayala, el memorialista del 69, volvió a ocupar la cartera de Ultramar, una vez más con la promesa de concluir la guerra de Cuba. Paradójicamente, a partir de enero de 1875, como si fuera preciso deshacer cualquier supuesto contubernio habido entre las repúblicas cubana y española, la reinstauración monárquica borbónica en Península, y con ella la reinstalación civilista en el poder, coincidirá con una reactivación de la guerra independentista cubana. El mencionado y estable gobierno de Cánovas encaró decididamente la conclusión de la guerra cubana, isla en la que, a lo largo de 1875, Máximo Gómez, consolidado como máximo jefe militar revolucionario, decidió acometer una nueva invasión sobre los grandes ingenios azucareros del Occidente. Tras atravesar la trocha Júcaro-Morón, el insurgente llegó hasta la provincia de Las Villas, e incendió Jíbaro. En marzo de 1876, Tomás Estrada Palma sustituyó como Presidente de la república cubana a Francisco Vicente Aguilera, quien de entrada no logró recomponer la unidad del frente revolucionario, enfrentadas como estaban las provincias de Las Villas y Camagüey. El general Martínez Campos fue designado por Cánovas, supuestamente receloso de sus laureles, como nuevo pacificador de Cuba, a donde llegó el 3 de noviembre de 1876 acompañado de 25.000 soldados, que unidos a los efectivos cubanos, conformaron un ejército de 70.000 hombres. Un mes antes, en octubre de 1876, derrotado por la desunión e indisciplina general revolucionaria, M. Gómez renunció a la jefatura del mando militar, siendo sustituido por Carlos Roloff.

Martínez Campos, queriendo repetir su política catalana, respaldado por el Ministro de la Guerra y Presidente interino del Gobierno, y hasta hacía poco Capitán General de Cuba, Joaquín Jovellar, intentó inicialmente humanizar la guerra en la Isla, con el indulto a los desertores y la no aplicación de represalias a los vencidos. Sobre estas premisas, Martínez Campos propuso una primera negociación con los jefes rebeldes, para lo que propició -20 de septiembre 1877- una entrevista secreta entre algunos jefes insurgentes y el general español Prendergast. Si bien varios de los patriotas que habían participado en dicha reunión fueron luego fusilados por orden de M. Gómez, las negociaciones se reanudaron más tarde, sin éxito, en Camagüey. Habiendo continuado los enfrentamientos, el 19 de octubre, en el combate de Tasajeras, el Presidente Tomás Estrada Palma fue capturado por el Coronel Mozo Viejo, contienda en la que además murió el Presidente de la Cámara cubana. Vicente García fue nombrado nuevo Presidente de Cuba.

Como si el ejemplo de la Península fuera determinante, el año de 1878 marcó el proceso final de decaimiento revolucionario republicano en Cuba. El 5 de febrero, Martínez Campos declaró libres a todos los soldados esclavos insurgentes que se acogieran al indulto decretado. Dos días después, en Chorrillo, se entrevistaron Martínez Campos y Vicente García, reunión luego de la cual, tras un simulacro de plebiscito entre los jefes insurgentes, se acordó la capitulación del bando rebelde, decisión que se hizo pública -10 de febrero de 1878- en Zanjón. En la misma fecha el gobierno cubano decretó el indulto general para todos los rebeldes y desertores republicanos.

Por fin, el 12 de febrero de 1878 se firmó la Paz de Zanjón, en la que actuaron por parte del lado español Emilio Lucas y el Brigadier General Rafael Rodríguez. Las condiciones generales de tal pacto, que se aplicaría primero en el Centro y luego en el Oriente, fueron: indulto general y olvido del pasado, extensión a Cuba del régimen político que ya gozaba Puerto Rico, incorporación de la isla como nueva provincia española, entrega de las armas, confirmación de la emancipación a los esclavos soldados rebeldes, y derecho de los dirigentes sublevados a ausentarse de la Isla. El 15 de marzo, Martínez Campos se entrevistó con A. Maceo de quien sólo obtuvo su capitulación -20 de abril-, permitiéndosele su salida hacia Jamaica, desde donde envió a sus compañeros de armas -9 de mayo- informes muy pesimistas sobre el futuro de la rebelión, aconsejándoles pactar con Martínez Campos. De Jamaica, Maceo pasó a Honduras y más tarde a los Estados Unidos, donde se unió a José Martí, quien ya conspiraba para reintentar una nueva campaña emancipadora en Cuba. El 8 de junio de 1878 Martínez Campos fue designado Capitán General y Gobernador de Cuba en reemplazo de J. Jovellar, cargos que desempeñó brevemente, pues ocho meses después regresó a la Península cargado de laureles para reincorporarse a la política peninsular.

Concluyó así la guerra larga cubana, en la que España sacrificó, durante los 10 años del conflicto, no menos de 170.000 hombres y 770 millones de pesos. En dicha contienda, además de los negros –que concurrieron a veces en palenques enteros- y chinos, participó un variado grupo de extranjeros originarios de la República Dominicana (además de Máximo Gómez Báez, Luis Marcano, Modesto Díaz y Eusebio Puello), Venezuela (José M Aurocoechea, fusilado en 1879 en Holguín, Rafael Godinez y Amadeo Manuit), México (José Inclán y Felipe Herrera, segundo de Calixto García), Canadá (William O'Ryan llegado con la expedición del «Anna» en 1870, preso y fusilado), Polonia (Carlos Roloff, quien había servido a las órdenes de Lincoln) y Estados Unidos (Thomas Jordan, llegado con la expedición del «Perrit» anterior al grito de Yara y quien fue Jefe del Estado Mayor de Céspedes, Henry Reeve y F.A: Dorkay), Perú, Puerto Rico y Colombia.

La Guerra, larga y costosa, estimuló grandes y sorprendentes transformaciones en Cuba. En primer término, la relativa escasez de mano de obra negra, originada en su necesario traslado y concentración en la zona central y occidental de la Isla –donde los insurgentes no habían logrado extender efectivamente la subversión- aceleró el llamado 'blanqueo' de los ingenios mediante la vinculación creciente de soldados españoles, quienes a la vez que defendían tales factorías, trabajaban parcialmente en ellas a sueldo. A estos se sumaron aquellos otros libres que, por escapar al reclutamiento, habían decidido trabajar mediante salario en unión a los anteriores, y a los que muy pronto hubo que sumar los esclavos fugados y manumitidos legalmente provenientes del Centro y Oriente de la Isla, como también los contingentes de 'chinos' llegados a Cuba luego del convenio suscrito en septiembre de 1877 con el gobierno chino para su internación. Este cambio de la estructura socio-laboral se complementó con un denso proceso de reequipamiento y renovación tecnológica de la industria de transformación de la caña llevado a cabo durante el conflicto, especialmente en la zona de Cienfuegos, lo que aumentó significativamente, no sólo la productividad, sino los rendimientos y acumulación de capital del alto patriciado azucarero cubano. Las zafras y producción azucarera correspondientes al período 1874 a 1876, cuando el ejército español tuvo su mayor actuación en el Centro y Occidente, alcanzaron las máximas cifras de producción. A partir de 1880, pasaron a ser las áreas de mayor rendimiento y productividad a nivel mundial; Cuba fue el primer productor en alcanzar el millón de toneladas por zafra anual.

Por otra parte, la acelerada mecanización de los grandes ingenios del Occidente y Centro de la Isla, la manumisión en masa de grandes contingentes de esclavos viejos o improductivos, y su sustitución por una mano de obra asalariada y competitiva, conformaron un emergente e inestable mercado laboral libre. A su vez, el licenciamiento de buena parte del ejército oficial, y en menor medida de las milicias oficiales, pero en particular de las tropas revolucionarias en el Oriente, determinaron la formación y proliferación de los primeros conglomerados de marginados sociales, desempleados, vagamundos y bandoleros, auténtico proletariado urbano y rural, particularmente notorio en Oriente. La delincuencia común, asesinatos, robos, asaltos, prostitución y abigeato, se incrementó de modo considerable. Además de esta marginación económica, la exclusión político-electoral, la desatención socio-asistencial (educación, salubridad, vivienda, entre otros) a que quedaron sometidos estos sectores mayoritarios de la sociedad cubana, hicieron mucho más complejo y crítico el control y evolución política isleña, como quedaría evidenciado muy pronto.

Con la diversificación productiva que la introducción extensiva del banano pudo significar –Cuba llegó a ser, junto al azúcar, el primer productor mundial de banano hasta el final de los años 30 del siglo XX- los Estados Unidos se convirtieron en el primer y casi exclusivo mercado comprador, y por ende proveedor financiero, para la producción y comercialización del azúcar, banano, tabaco y café cubanos, generándose una irreversible marginación de la metrópoli como centro económico de Cuba. A su vez, el largo conflicto estimuló el florecimiento de muchos prósperos negocios y empresas, tanto en la Península como en la Isla. Particularmente relevante fue la expansión de los negocios de Antonio López y López de Lamadrid, quien de tendero pasó a ser uno de los más poderosos navieros y banqueros de España. Singular contratista para el transporte –de ida y regreso- de inmensos contingentes de soldados españoles (en Santo Domingo, Cuba, Marruecos y más tarde en Filipinas), además del correo con la Península, de cuyas resultas se fundó la Compañía Trasatlántica, fue designado primer Marqués de Comillas -1878- lanzándose a la política a favor de la restauración de Alfonso XII, y convirtiéndose luego en el principal financiador de la guerra cubana a través de su Banco Hispano-colonial. Más paradójico resultó ser que mientras el conflicto interno cubano parecía interminable, se hubiesen concretado las primeras e importantes inversiones de capitales norte-americanos en el occidente cubano.

Políticamente las consecuencias políticas que afloraron con la Paz de Zajón no fueron menos ricas. En 1878, dentro del indulto decretado, José Martí regresó a la isla después de casi 7 años de exilio, pero al reincidir abiertamente en sus acciones subversivas, meses más tarde fue nuevamente apresado y desterrado a España, de donde se fugó y pasó a los Estados Unidos, donde vivió en Tampa, Cayo Hueso y Nueva York, sitios donde fundó los periódicos Yara: El Avisador Cubano y El Porvenir.

Pero quizás lo más relevante políticamente fue el nacimiento de los primeros partidos políticos modernos en Cuba: el Partido Liberal, luego trasmutado en Autonomista –PLA-, que acogía la más amplia gama del criollismo y burguesía isleña, aspiraba en último término al autogobierno. Ideológicamente estaba enraizado lejanamente con el reformismo de comienzos de siglo –cuyos voceros seguían inspirándose en el pensamiento de Francisco Arango y Parreño-, y estaba conformado por plantadores envejecidos o arruinados, poco o nada partidarios de la industrialización azucarera, con un discurso que giraba en torno al reparto de puestos administrativos y el control del rico presupuesto cubano. Su Manifiesto y el periódico El Triunfo -heredero de El Siglo-, se convirtieron en el eco de los reclamos populares nacionalistas centrados en exigir una constitución propia para Cuba manteniendo su unidad con España, aunque algunos de sus dirigentes fueron abiertamente partidarios de la anexión de Cuba a los Estados Unidos.

Frente a los anteriores, estaba el Partido Unión Constitucional -PUC-, conservador, conformado primordialmente por peninsulares y algunos criollos notables; pretendía la continuidad, salvo algunas reformas, de la condición colonial cubana. En el primer debate electoral, enmarcado por la denuncia liberal de falta de efectivas garantías políticas, los conservadores resultaron vencedores -17 diputados- en contra de los 7 liberales elegidos.

No existiendo profundas diferencias ideológicas entre estos dos partidos, más allá de la vocación alternadora del poder entre ambos estratos de la sociedad media y alta cubana, los amplios sectores populares de la sociedad cubana, casi todos negros, mulatos, mestizos y chinos, quedaron excluidos del nuevo juego político colonial. Las libertades concedidas sí depararon un rico y variado despertar literario y periodístico, algunas de cuyas obras estuvieron referidas a los sucesos épicos de la reciente guerra. Tal fue el caso de Enrique Collazo Tejada, Manuel de la Cruz y Fernández, y Ramón Roca Garí, o de los novelistas clásicos Ramón Meza –Mi tío el empleado y Don Salustiano el tendero- y Cirilio Villaverde: Cecilia Valdés y La loma del ángel. A los anteriores, deben añadirse los aportes históricos del anti-esclavista José Antonio Saco, que con la Historia de la esclavitud, reabrió el debate sobre el abolicionismo. Fue así como, ya desde finales de 1878, y como preámbulo de las reformas, se empezaron a adoptar en la Isla varias medidas anti-segregacionistas: no discriminación en escuelas, universidades, ferrocarriles, cafés, bares, restaurantes y teatros. Por otra parte, la fundación en La Habana del Casino español por los mulatos Roberto Enrique Lagardere –hijo de un influyente negrero habanero- y Gabriel Santa Cruz –culto descendiente reconocido de un no menos influyente azucarero- fue otro significativo intento por 'peninsulizar' la isla recién pacificada, abriendo las puertas de la promoción socio-cultural a los 'españoles de color', intento que, desde comienzos de los 70, los oficiales españoles habían iniciado con la fundación de varios casinos españoles en las zonas de operación contrainsurgente, en lo que inicialmente se concibió como un medio idóneo de socialización con los altos intereses locales. Al asignarse entonces a dichos casinos la defensa de la hispanidad, adquirieron prontamente una gran influencia política, conforme quedó evidenciado con el golpe y caída del general Domingo Dulce. El ejemplo del Casino de La Habana cundió por toda la isla, abriéndose así una vía de interrelación étnico-política entre la alta oligarquía blanca peninsular y cubana y los mestizos, mulatos y negros ascendidos en la isla.

El 5 de septiembre de 1879, Antonio Maceo lanzó una proclama con la que dió comienzo a la nueva guerra revolucionaria cubana, llamado que fue secundado, además de su hermano José, por los generales negros Moncada, Rabí y Peralta y Calixto García Iñiguez. Éste, tras la Paz de Zajón había sido remitido preso a la península y purgó su pena en Pamplona y Santoña, decidiendo pasar luego a Washington, desde donde, en coordinación con los comités revolucionarios cubanos de Estados Unidos y Jamaica, y con J. Martí, acometió una nueva intentona subversiva en Cuba. Desembarcó en Baracoa -20 de marzo de 1880-, en compañía de Guillermo Moncada, José Maceo –hermano de Antonio- y Quintín Bandera. Habiendo sido prontamente derrotado, y luego de capitular –3 de agosto de 1881-, C. García fue nuevamente desterrado a España, donde se le dio un puesto en el Banco Hipotecario. A la anterior derrota, siguieron las capitulaciones de otros alzados –Francisco Carrillo y Emilio Núñez- que habían secundado el intento anterior. En 1883, se frustró un nuevo desembarco patriota en Manzanillo, capitaneado por el general Ramón Locadio Bonachea y siete compañeros más, a lo que siguió la igualmente fracasada expedición –mediados de mayo de 1885- de Francisco Varona Tornet -Pachín- y Limbano Sánchez, recién fugados de España.

Entre tanto, en la península el gobierno de Cánovas, tras el regreso victorioso y políticamente amenazante de Martínez Campos, trataba de poner en vigencia varias de las concesiones acordadas con los separatistas orientales, muchas de las cuales -la abolición de la esclavitud, en particular- chocaban frontalmente con la prepotencia en Madrid de la oligarquía plantacional de La Habana, cuyos intereses e influencia se habían acrecentado durante el conflicto, y en especial después de la Paz de Zajón. La aplicación en Cuba de la Constitución de 1876 y más tarde del recién adoptado Código Civil fueron los primeros logros, pero el cambio de estatuto político de la isla sólo pudo empezarse a concretar a partir de 1889: libre asociación, voto individual y secreto –censitario y masculino-, libertad de imprenta, libertad de pensamiento y religión, separación de poderes, elección de senadores, diputados, alcaldes municipales, gobernadores provinciales y cuerpos colegiados respectivos. Algunos de los efectos de tal proceso fueron meramente simbólicos, conforme sucedió con la concesión del título de 'don' a los negros, hasta entonces privilegio blanco. En ese ambiente se produjo la sorpresiva visita a la Habana –no sin manifestaciones de regocijo popular- del general rebelde y exilado Antonio Maceo, el cual fue de inmediato expulsado de Cuba. Todo lo anterior concordaba con la apertura del gobierno de Sagasta, que había ampliado a la isla –8 de febrero de1881- la libertad de asociación y partidos.

Fue apenas el 13 de febrero de 1880 cuando el gobierno presidido ahora por Cánovas, una vez incorporados los diputados cubanos, logró sacar adelante en las Cortes la primera ley de abolición gradual de la esclavitud, conocida como 'Ley del vientre libre'. Mediante la misma, se declararon libres todos los nacidos de madre esclava a partir del 17 de septiembre de 1868 -menores de 11 años-, beneficio que se amplió a los mayores de 60 años, en verdad a los inútiles o improductivos económicamente, contingentes que quedaron bajo régimen de patronato, debiendo el propietario del caso proveer la manutención y liberación gradual, institución que fue eliminada por una ley del 7 de octubre de 1886. Este primer logro abolicionista apenas logró satisfacer las demandas causadas por las profundas y radicales transformaciones socio-laborales y raciales que la Guerra Grande había producido en el seno de la sociedad y economía insulares. Cuba había cambiado mucho; los 708 mil emigrantes blancos llegados a la Isla durante los 10 años precedentes -de los que 60% eran españoles, y el resto soldados- terminaron engrosando el nuevo mercado asalariado cubano, urbano y rural.

Mientras las tropas del eficiente mariscal de campo, comandante y gobernador civil de Santiago de Cuba, Camilo García de Polavieja y del Castillo –el perseguidor implacable de Maceo- cumplieron una ejemplar labor de limpieza de los restos subversivos de la precedente guerra, lograron a su vez frustrar, con mayor éxito todavía, las nuevas intentonas revolucionarias, al anular el desembarco del brigadier Ramón Leocadio Bonachea -julio de 1883- y capturar y condenar los 16 antiguos soldados republicanos que les acompañaron (agosto de 1883), intentona que se repetiría el año siguiente auspiciada por M. Gómez y A. Maceo, que al mando de Libardo Sánchez y Francisco Varona, Pachín, lograron desembarcar en Baracoa en mayo de 1885, terminando el primero asesinado en un camino y el segundo sentenciado a prisión. Estos meritorios servicios valieron a Polavieja regresar luego -1890- como Gobernador y Capitán General de Cuba. Durante su segunda campaña aplacó los pronunciamientos de Lajas y Ranchuelos (noviembre de 1893 y 1894), detuvo a los conspiradores orientales brigadieres Guillermo Moncada y Quintín Banderas, y logró la posterior caída y aprisionamiento del coronel Garzón, a lo que sumó la confiscación de importantes depósitos de armas y municiones con los que se pensaban alentar nuevos desembarcos.

Sin embargo, no pudo evitar el Capitán General Polavieja la nueva agitación subversiva que se preparaba en el exterior que, como se advirtió, se había reiniciado a comienzos de 1882, cuando el expresidente republicano, Salvador Cisneros Betancourt, creó en Nueva York: el Comité Patriótico de la Emigración, a lo que siguió la fundación -en el mismo año- por José Martí de los clubes revolucionarios de Florida y Nueva York, prospectos del exilio cubano que además de ser tolerados, sino encubiertamente patrocinados por el gobierno norteamericano, se fortalecían gracias a la crónica inestabilidad política en España y su cada vez menos sólida posición internacional: los dos atentados contra el Monarca (25 de octubre y 14 de diciembre 1878), los sucesivos pronunciamientos militares republicanos de Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y Seo de Urgel y el fusilamiento de varios de los sargentos sublevados en la Rioja (enero de 1883), el riesgo inminente de una guerra con el Imperio alemán –1885- o el litigio sobre las Carolinas en el Archipiélago de la Filipinas, el posterior fallecimiento del rey pacificador (26 de noviembre de 1885), la subsiguiente Regencia de María Cristina de Habsburgo y el Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta, con la introducción por éste de las nuevas reformas liberalizantes en la metrópoli (sufragio universal, jurado de conciencia -abril de 1888-, estatización de la enseñanza secundaria y nuevas bases del Código Civil -mayo de 1888-), reformas que de inmediato no se transfirieron a Cuba, conformaron un panorama inmanejable. A las anteriores convulsiones, debe añadirse el brote del autonomismo catalán (Bases de Manresa de 1892 y Asamblea General de la Unión Catalanista), resurgimiento del anarquismo, levantamiento independentista de Lajas (noviembre de 1893), Guerra de Melilla (noviembre del mismo año) e incidentes de Marruecos y primeros brotes insurreccionales en Filipinas, unidos a los ya reseñados en la Gran Antilla. En su momento todos estos sucesos peninsulares enmarcaron la estruendosa celebración en Nueva York, Washington y Florida, a partir de octubre de 1889, de los sucesivos aniversarios del Grito de Yara.

A fin de cuentas, habían sido mínimas las reformas políticas y sociales que habían sido introducidas en Cuba. En octubre de 1886 se había logrado aprobar la ley que suprimió el referido régimen de patronato, cuando en la Isla tan sólo quedaban 25 mil patrocinados. El censo levantado el año siguiente arrojó un total 1.531.000 habitantes, de los cuales tan sólo el 33% de la población pertenecía a la raza negra. Ese mismo año se fundó en La Habana un tercer partido político, el Reformista, surgido como una escisión del PUC. En agosto de 1888 se logró la aprobación de la 'Ley Gamazo', que puso fin a los restos del sistema esclavista cubano.

El 1 de abril de 1892, José Martí, Máximo Gómez, Tomás Estrada Palma y Antonio Maceo fundaron en Nueva York el Partido Revolucionario Cubano -PRC-. Su extensa y ciertamente ambiciosa -para el momento- plataforma ideológica proponía de entrada una profunda reforma política («Democracia verdadera», sustentada en diferentes reformas: educación, cultura, trabajo y reparto del beneficio colectivo), que suponía apoyada en una no menos radical reforma económica (reforma agraria, fomento de la pequeña propiedad agrícola, tecnificación agro-industrial "no artificial", ampliación de las relaciones internacionales mediante "..un comercio inteligente y sano", y control de la inversión extranjera supeditada al interés nacional). Una y otra serían complementadas por una audaz política internacional resumida bajo el lema "Nuestra América": lo que se pedía para Cuba se hacía extensible al resto de países hispanoamericanos, había que erradicar el colonialismo superstite, haciendo "causa común con todos los oprimidos" mediante una aceptación de la especificidad histórica hispanoamericana cuya realidad sui generis imponía soluciones propias. La acción última suponía un gran proyecto de "promoción popular" mediante la redistribución de los beneficios del desarrollo en favor de los más postergados, buscando crear una prosperidad integral de todos los países de la región, proyecto que debía empezar a ejecutarse en Cuba y Puerto Rico.

Apenas un año más tarde -5 de abril de 1893- Antonio Maura, recién reconciliado con Sagasta, al asumir como Ministro de Ultramar, propuso un vasto programa de reformas coloniales tendientes a atajar las nuevas amenazas internas y externas sobre la soberanía española en Cuba y Puerto Rico. En junio de dicho año, presentó a las Cortes un proyecto que preveía un amplio régimen autonomista para ambas provincias, el cual no obstante el apoyo dado por Dolz, Labra y Salmerón, fue rechazado, determinándose con ello la renuncia de Maura, iniciativa que apoyó nuevamente al reintegrarse al gabinete en 1895 como Ministro de Gracia y Justicia. Esta labor pro autonomista la continuó defendiendo Maura como diputado durante el gobierno presidido por Cánovas. Estas propuestas peninsulares desde un comienzo contaron con el entusiasmo del Partido Autonomista cubano, aunque no con el apoyo de los amigos del continuismo colonial, la Unión Constitucional y el Partido Reformista.

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