Domingo
28 febrero
1999 - Nº 1031
MAURICIO VICENT , La Habana
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"Se trata de una batalla general contra todo lo que signifique desorden,
delito, irrespeto a la autoridad, desideologización, negocios ilícitos,
descontrol social", admite un funcionario cubano.
La ofensiva, presentada casi como una tarea estratégica para salvar la revolución, comenzó por el casco histórico por una razón sencilla: por este municipio de cuatro kilómetros cuadrados y 180.000 habitantes pasa la mitad de los turistas que viajan a Cuba.
Antes ésta era una zona de hurtos y tirones, de niños
pedigüeños y jineteras (prostitutas). Ahora muchos de
estos personajes han desaparecido y los delitos se han reducido en un 75%,
pero hoy, para pasear por la calle Obispo o tomarse un mojito en
la Plaza de la Catedral, hay que compartir acera con cientos de agentes
que patrullan la Habana Vieja en pareja o con perros.
En principio, cualquier cubano joven, sobre todo si es negro o mulato,
puede ser sospechoso. Más si lleva un bulto o anda con turistas.
Aunque la sospechosa por excelencia suele ser cubana, moderadamente guapa
y llevar ropa ajustada o el ombligo al aire.
Por caminar cerca de un hotel, a una conocida presentadora de la televisión
cubana la policía le pidió su carné de identidad en
dos ocasiones en pocas horas. Alguien increpó a un agente que actuó
así con una joven economista frente a las oficinas de la Lonja del
Comercio, a lo que el guardia contestó: "Yo sólo cumplo órdenes.
Ella posee características".
Si a la chica en cuestión se le hubiesen comprobado las mencionadas
características, o, peor aún, si figurase en su pasado alguna
advertencia policial por andar con extranjeros en instalaciones turísticas,
lo más probable es que hubiese acabado en el llamado "Centro de
recepción, clasificación y procesamiento de prostitutas de
Ciudad de La Habana", lugar de nombre largo y oscuro por el cual en 1998
pasaron cerca de 7.000 mujeres, presuntas jineteras.
Según datos oficiales, más del 50 % de estas chicas no
eran de la capital, y después de varios días de procesamiento,
la mayoría fueron enviadas de vuelta a sus provincias.
Algunas de ellas han aparecido estos días en la televisión
cubana reconociendo haber ejercido la prostitución y afirmando entre
llantos estar arrepentidas. Para las jineteras "reincidentes y de
reiterada conducta antisocial", se ha previsto el internamiento "en centros
de rehabilitación". La intención es crear uno por provincia.
El propio presidente cubano, Fidel Castro, reveló algunos de
estos datos el 5 de enero al pronunciar un discurso ante 5.000 policías
en La Habana. Ese día, Castro presentó la nueva ofensiva
policial, que no se circunscribe a La Habana Vieja, ni tampoco sólo
a luchar contra la prostitución o delitos como el proxenetismo,
el robo con fuerza o el tráfico de drogas, que se han incrementado
notablemente en los últimos años.
En el barrio residencial y diplomático de Miramar se pueden apreciar
en toda su magnitud las proporciones del despliegue policial. En esta zona
es común que revendedores de queso, naranjas o leche en polvo vayan
de casa en casa ofreciendo su mercancía. Desde hace semanas, la
oferta se ha visto muy disminuida.
"La policía te para en cuanto te ve en la calle con una jaba
[bolsa]. Si llevas más productos de la cuenta, te los decomisan
y te ponen una multa de 500 pesos [unas 3.000 pesetas]", cuenta Julia,
experta sherpa de la bolsa negra.
En Miramar y en otros repartos de la ciudad comenzará en breve
también otra batalla. Ésta es más ideológica.
Va dirigida contra las antenas parabólicas y de UHF con las que
los cubanos más pudientes y espabilados captan los canales norteamericanos.
Desde hace semanas, en los núcleos del Partido Comunista se ha comenzado
a "orientar" a los militantes que deben "chequear" en sus barrios quién
tiene este tipo de antenas y exhortar a que las quiten.
Otro episodio que refleja el espíritu del momento es lo ocurrido
en un céntrico hotel de La Habana. La policía introdujo hace
días a una supuesta jinetera que sobornó con dinero
marcado a los vigilantes del establecimiento para que la dejasen subir
a la habitación con un turista español. Ocho custodios del
hotel fueron capturados y expulsados.
Para hacer frente a la actual ofensiva contra todo lo que sea "indisciplina",
"desobediencia" y "desconocimiento del orden", las autoridades han hecho
un llamamiento general a los jóvenes para que entren en la policía.
El objetivo es que 7.000 agentes patrullen La Habana (2,1 millones de habitantes).
Uno de los requisitos es poseer "cualidades político-morales
acordes a los principios éticos de nuestra sociedad socialista".
No se habla de los "estímulos". Pero en la calle ya ha comenzado
a circular la oferta que se está haciendo a los interesados: salario
de hasta 500 pesos (un médico gana 400) y una bolsa mensual con
algunos productos que sólo se pueden comprar en las tiendas de dólares,
como el jabón, el aceite o los champús.
Las medidas para luchar contra la prostitución (en muchas discotecas y cabarés no se deja entrar a chicas solas) a veces son tan severas que ya han tenido pésimas consecuencias para algunos locales.
Por ejemplo, en el café Cantante de La Habana, antes una de las salas más animadas, en la que se hacían cajas diarias de 6.000 dólares (900.000 pesetas), la recaudaciones ahora no llegan a los 1.000, y el ambiente a veces es de retiros espirituales.
El gobierno reconoce que las causas del delito son en gran medida económicas, y admite que sólo con medidas policiales no se puede ganar la actual batalla. Sin embargo, para nadie es un secreto que el Estado no puede garantizar hoy a sus ciudadanos mucho más de lo que les da ahora. En todo caso, buena parte de la población ha aplaudido las medidas.
Ahora en La Habana Vieja, el Vedado y Miramar se camina más tranquilo; ha bajado la delincuencia y ya no hay casi jineteras en el malecón. Pero la calle está tomada por mucha, mucha policía.
Éstas son las principales medidas adoptadas en Cuba en los últimos
días.
La modificación del Código Penal. El Parlamento endureció la semana pasada el Código Penal para delitos como corrupción de menores, el robo con violencia y el tráfico internacional de drogas, que ahora podrán ser penados hasta con la pena de muerte.
También ha incluido nuevos delitos: lavado de dinero y tráfico
de personas (inmigrantes). Otros delitos como hurto y sacrificio ilegal
de ganado mayor podrán ser penados con hasta 20 años de cárcel.
En resumen, delitos que hasta ahora sólo se penalizaban con 20 años
de cárcel tendrán ahora condenas de 30 años y cadena
perpetua.
La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía
de Cuba, aprobada también la semana pasada por el Parlamento,
establece severas penas contra todo el que "colabore" con Estados Unidos
en la aplicación de la ley estadounidense Helms-Burton, que penaliza
las inversiones extranjeras en negocios expropiados a estadounidenses.
• Según esta nueva ley, son delitos la "búsqueda,
obtención o suministro" de información al Gobierno de EE
UU "que pueda ser utilizada o que se utilice en la aplicación de
la ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba,
la subversión y otras medidas similares".
• También es delito colaborar con medios de prensa o radio
norteamericanos, participar en reuniones o manifestaciones, difundir materiales
de propaganda y solicitar o recibir dinero si se hace con el fin "colaboracionista"
antes descrito. Las penas pueden llegar a ser de 20 años de cárcel.
• Esta ley alude a las medidas liberalizadoras que anunció Bill Clinton el 5 de enero (aumento de las remesas que los norteamericanos envían a cualquier cubano) como todo lo contrario.
La oposición cree que Castro teme perder el control de la sociedad
M. V. , La Habana
El Gobierno cubano ha lanzado un claro mensaje de que de ahora en adelante
va a ser aún más implacable con la disidencia, por pequeña
que ésta sea. Se trata de dos nuevas leyes: el endurecimiento del
Código Penal y una ley contra la colaboración con Estados
Unidos.
La pregunta que se hacen diplomáticos europeos es ¿por
qué se toman estas medidas ahora?, justo en un año en el
que el Gobierno cubano se dispone a recibir a los Reyes de España
y a los presidentes de Iberoamérica, y cuando se esperaba un clima
de mayor tolerancia y apertura. Especialmente, tras la estela que dejó
el Papa.
Según algunos disidentes y periodistas independientes, como el
presidente de Cuba Press, Raúl Rivero, las dos leyes aprobadas por
el Parlamento son una huida hacia adelante. "Se está viviendo un
momento económico difícil y de incremento del descontento,
y el Gobierno se está adelantando a los acontecimientos para no
perder el control", opina Rivero. "No es casualidad", afirma, "que las
dos leyes aprobadas vayan en esta línea de mantener el control social".
Perplejidad
Gerardo Sánchez, miembro de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), ve las nuevas medidas con perplejidad. "Son desafortunadas. Después de un periodo de relajamiento, en el que ha descendido el número de presos políticos y los procesados por este tipo de delitos no llegaron el año pasado a las tres decenas, ahora ocurre esto".
"De todas formas", aconseja, "hay que esperar. Es difícil saber
si se va a aplicar, o si sólo se va a utilizar como instrumento
de coacción". Según la CCDHRN, en julio de 1998 había
en las cárceles 381 presos políticos, mientras que el pasado
1 de enero la cifra se había reducido a 339. Para el disidente democristiano
Osvaldo Paya, la nueva ley pretende intimidar a los disidentes y enterrar
cualquier tipo de oposición.
Los más pesimistas afirman que otra señal de la línea
de endurecimiento político puede ser la decisión de la Fiscalía
General de la República de hacer precisamente ahora, tras la aprobación
de la ley, el juicio contra el salvadoreño Ernesto Cruz León,
quien está acusado de colocar seis bombas en cinco hoteles y un
restaurante de La Habana en el verano de 1997, atentados que costaron la
vida a un turista italiano. La fiscalía pedirá la pena de
muerte.
Además, esta semana el disidente Óscar Elías Biscet, presidente de la llamada Fundación Lawton, fue detenido en La Habana tras manifestarse en las cercanías de un hospital. Los manifestantes protestaban contra la pena de muerte. ¿Será esta manifestación considerada por las autoridades como un acto de colaboración con la política de agresión imperialista hacia la isla?
Quizás la respuesta esté en el juicio que mañana
comienza contra cuatro conocidos disidentes acusados de sedición.
Sus condenas serán el mejor termómetro para comprobar la
voluntad del Gobierno hacia la oposición. [De momento, las autoridades
cubanas detuvieron ayer a una docena de opositores para evitar incidentes
durante el juicio, informa Reuters].
