Hubo dos incógnitas cruzadas fuera de programa: cómo los Jefes de
Estado defenderían las libertades y si la delegación chilena podría
ganarle a España la batalla diplomática-jurídica sobre Pinochet. Un
fracaso podría costarle su cargo a Valdés. Y éste sabía que su mayor
riesgo era que Fidel Castro no lo dejara decir el duro discurso que
llevaba.
 

LA cumbre de La Habana no fue borrascosa, aseguró Fidel Castro en su
discurso de clausura, citando en su favor el conocido título literario.
Según la perspectiva de la delegación chilena, sin embargo, no hubo
cita tranquila en el Palacio de las Convenciones, un recinto bien
habilitado donde Cuba echó la casa por la ventana para suavizar el
trabajo de dignatarios, invitados especiales y de los mil 200
periodistas que contaron con tecnología de última generación como para
demostrar que, después de todo, no existe mayor distancia entre la isla
y quienes la visitaron con ánimo expectante. 

Al mundo no iberoamericano le era difícil entender porqué 16
gobernantes y cinco cancilleres prestaron sus presencias a un régimen
carente de democracia y libertades, pero fue el mismo Castro quien dio
la respuesta en uno de sus numerosos discursos: "Se pensó que para esta
fecha las cumbres ni siquiera existirían". 

Fidel Castro, a los 73 años - de los cuales 40 ha estado en el poder-
pondría nuevamente su firma en las declaraciones que reiteran el
compromiso con el fortalecimiento de la democracia, porque estos foros
no obligan a nada. 

En la hermosa, pero deteriorada, ciudad de La Habana - que cumplió el
martes 480 años- abrazaba a los visitantes un efusivo comandante que,
salvo error u omisión, se quedará en el poder otros años más. 

Quien encarna el último vestigio de la Guerra Fría monopolizó todas las
actividades. Hábil como siempre, trató de ganarse la amistad del Rey
Juan Carlos de España, emocionándole con el regalo de una fotografía de
sus padres captada en Cuba cuando eran jóvenes. Y a unos 10 kilómetros
de la reunión, cuyo costo se calcula en cinco millones de dólares, el
centro de La Habana hervía en su constante y bulliciosa sonoridad
salsera y los andamios levantados delataban que los recursos del Estado
no alcanzaron para restaurar valiosos edificios entregados al pueblo. 

Zigzagueando alrededor de inmensos hoyos callejeros todavía circulan
automóviles norteamericanos de los años 50 (los de lujo los usaron los
Presidentes o los arriendan los turistas) y miles de triciclos chinos
de cabina doble, pensados para cuando la isla no tuviese combustible,
se usan ahora para pasear a los turistas que aportan las urgentes
divisas, dando un curioso aspecto asiático a la ciudad. La paradoja es
que Castro tomó el poder para ahuyentar a los yanquis y Cuba está
profundamente dolarizada, empeorando la situación de un pueblo donde el
sueldo promedio es de 20 dólares (un médico gana unos 25) y la
educación y la salud son gratuitas. 

Los riesgos chilenos 

Aunque Castro elogiara la rapidez con que se adoptó la Declaración de
La Habana (tan retórica como las anteriores), lo cierto es que tras los
bastidores muchas palabras sonaron muy duras y, entre ellas, las de la
delegación chilena. 

Es que había dos incógnitas cruzadas fuera de programa: cómo los Jefes
de Estado defenderían en suelo cubano las libertades de su pueblo y si
la delegación chilena, encabezada - en ausencia del Presidente Frei-
por el Canciller Juan Gabriel Valdés, podría ganarle a España la
batalla diplomática-jurídica sobre la extraterritorialidad de la ley
penal que mantiene al general Pinochet detenido en Londres. 

Mientras el Rey se apartó de la controversia con los dueños de casa, el
Presidente José María Aznar enojó al entorno castrista pronunciándose
sobre las bondades de la democracia y reuniéndose con los disidentes
cubanos que aprovecharon la oportunidad de que la policía no pudiese
reprimirlos públicamente. 

Aunque Valdés originalmente no contemplaba esta actividad, se juntó con
disidentes democratacristianos a pedido de Frei, quien a su vez accedió
a una petición de la DC chilena. Porque a Chile lo que realmente
interesaba era captar un apoyo mayoritario a su tesis y derrotar a la
defendida por España, con lo cual Aznar y el Canciller Abel Matutes se
revelaron de pronto como fuertes defensores de la tesis aplicada por el
juez Baltasar Garzón. 

La misión de Valdés se dificultaba porque no es un par de los
Presidentes y porque no solamente tendría que luchar contra la
oposición de los españoles, sino también de los cubanos, sentidos por
la ausencia de Frei. Para peor, este tema se ligaba a la situación
local porque Castro temía una confrontación que estropeara la primera
visita que le realizaban tantos jefes de Estado en 20 años, los cuales,
si los manejaba bien, podrían legitimarlo. 

Estas dificultades obligaron a la delegación nacional a frenar las
expectativas en Chile, consciente de que un fracaso podría costarle su
cargo a Valdés. Y éste sabía que su mayor riesgo era que Castro, quien
presidió la reunión, no lo dejara hablar ante los Jefes de Estado. 

Las amenazas 

Los cubanos mostraron tantas aprensiones que hace tres semanas fue
necesario que viajara a La Habana una avanzada compuesta por el jefe de
gabinete del ministro, Carlos Appelgren, y el asesor, Gabriel Gaspar. Y
aunque estuvieron con el canciller Felipe Pérez Roque, hubo problemas
para que Valdés recibiera el mismo trato que un Jefe de Estado.
Protegidos por el ambiguo significado del lenguaje diplomático,
exigieron que no hubiese escándalos, porque si Valdés no "se portaba
bien", Castro podría "olvidarse" de concederle la palabra, se dijo. 

En ese caso, se le respondió con igual sonrisa a Pérez Roque, Valdés
estaría dispuesto a alzar la voz. Convocaría a una gran conferencia de
prensa y denunciaría en La Habana la injusticia cometida y condenaría
la situación de los derechos humanos y la falta de libertades públicas
en Cuba. La posibilidad de que así se alborotara el foro obligó a Pérez
a consultar nuevamente a Castro y Valdés obtuvo la garantía de que
hablaría en el estrado de los Presidentes, saldría en la foto oficial y
ocuparía la residencia reservada para Frei. Sólo tendría que abstenerse
de asistir al almuerzo de los jefes de gobierno y no reunirse con los
disidentes. 

El suspenso latente desde aquella avanzada hizo necesario que, el
jueves de la semana pasada (cuatro días antes de que el foro se
inaugurara), viajaron a La Habana Cristián Barros, director de Política
Exterior de la Cancillería y coordinador chileno para la cumbre,
Appelgren y Gustavo Allares, jefe de gabinete del primero. El trío
debía asegurarse de que Valdés pronunciara su discurso, ayudarle en el
texto y lograr el resultado que se perseguía en el asunto de la
extraterritorialidad. 

Más gestiones 

Como en cada cumbre primero se reúnen los viceministros y directores
generales para afinar los temas y luego la iniciativa pasa a los
cancilleres, que resuelven lo ya acordado para que solamente los
Presidentes firmen, la labor de Barros, Appelgren y Allares resultaba
decisiva. 

Tres semanas antes, Barros había enviado a todas las delegaciones
participantes el texto que propondría Chile pidiéndoseles que indicaran
si harían correcciones. Después se les llamó por teléfono para saber a
qué atenerse y así se obtuvieron más ideas. Alentado porque España no
reaccionó, una semana antes del comienzo de la cita, Barros envió una
nota al viceministro cubano Jorge Bolaños, secretario pro-tempore de la
cumbre, solicitándole que repartiera a todas las delegaciones un texto
más completo con lo que propondría Chile. De esta manera todos la
conocerían de sobra y no harían preguntas improvisadas. 

Ya en Cuba, el trío se reunió con las delegaciones de Argentina,
Paraguay, México y Uruguay (e incluso de España) para seguir sondeando
sobre el apoyo. Chile buscaba la aprobación de un nuevo párrafo en el
punto tercero de la Declaración de La Habana porque la que propuso
Cuba, si bien condenaba la extraterritorialidad, se confundía con la
ley Helms-Burton, es decir, con el embargo económico norteamericano. Y
lo que quería Chile era una condena a todo lo obrado por Garzón sin
necesidad de nombrar a Pinochet. 

Lo primero que obtuvo Chile fue ganar un buen lugar en la agenda,
debido a la gran cantidad de párrafos que se deberían consensuar.
Cuando le dieron rápidamente la palabra a Barros, éste se apoyó en una
nota (normalmente se improvisa) para que quien lo rebatiera tuviera que
improvisar y se sintiera cohibido. Sólo hubo un par de observaciones
menores. A petición de Uruguay, se incorporó en el punto tercero una
introducción preparada por ese país reafirmando que la convivencia
exige el respeto a los principios del Derecho Internacional, a la Carta
de la ONU, a la igualdad jurídica y a la soberanía nacional. 

Así se aseguraban las votaciones de Colombia y México, cansados de las
certificaciones que les hace EE.UU. en el combate al narcotráfico. 

El hecho de que el párrafo uruguayo fuese apoyado sorpresivamente por
Portugal indicó a los chilenos que podrían tener éxito, porque este
último país, vecino de España, es también miembro de la Unión Europea y
con su actitud no se dio la norma de la votación por bloques. 

Por otro lado, se hacía difícil que España lograra bloquear la
proposición chilena porque, como dijo Barros en su intervención, el
texto se basa en declaraciones aprobadas en las cumbres anteriores. Y
no extrañó que fuera apoyado en forma unánime el sábado 13. 

El párrafo tercero 

Con esta aprobación, el nuevo párrafo se llevó el lunes a la
consideración de los cancilleres, donde se aprobó en media hora. Y
después llegó, el martes 16, a la consideración de los Presidentes con
todos los puntos resueltos. 

Originalmente, el tercer párrafo decía "reiteramos nuestro firme
rechazo a todas las medidas de carácter unilateral y con efecto
extraterritorial que son contrarias al Derecho Internacional y a las
reglas de comercio comúnmente aceptadas". 

El nuevo, más directo y claro, establece que "reiteramos una vez más
nuestro enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial
de leyes o medidas nacionales que infrinjan el Derecho Internacional e
intenten imponerse en terceros países a sus propias leyes y
ordenamientos, ya que constituyen una violación de los principios que
rigen la convivencia internacional, debilitan el multilateralismo y son
contrarios al espíritu de cooperación y amistad que debe regir entre
nuestros pueblos". 

Este espaldarazo, que el diario español "El País" reconoció señalando
que "el texto desautoriza el proceso del juez Garzón" contra Pinochet y
98 argentinos, impulsó a España a desmerecerlo señalando que el juez
hispano no contradice el Derecho Internacional, porque se basa en la
Convención Contra la Tortura que tiene aplicación universal (ver
recuadro). 

Discurso en suspenso 

Pero la misión de Valdés no había terminado. Aún le quedaba hablarles a
los jefes de Estado, ocasión para la cual la Cancillería se había
preparado durante dos meses. El suspenso chileno se hizo casi
insoportable. El almuerzo oficial de cierre de los jefes de Estado
estaba oficialmente fijado para las 12:30, pero a las 13:19 todavía
Castro no le concedía la palabra al ministro chileno. 

¿Cómo podría explicar Valdés a Frei que no pudo hablar? ¿Este fracaso
no le costaría el puesto?, eran dos de las aprensiones que reconoció
más de un integrante de la delegación nacional. Las molestias
expresadas por cubanos y españoles hacen creer a la delegación chilena
que "hubo jugadas" encaminadas a no dejarlo expresarse. Fidel Castro
pudo tener participación en ello porque decidió un orden de discursos
por lo menos extraño: primero los Presidentes, luego la media docena de
invitados especiales (de organismos internacionales, éstos son de
rangos menores) y sólo al final vendrían los cancilleres. 

La decisión molestó tanto a los chilenos que una vez que hablaron todos
los jefes de Estado y Castro le ofreció la palabra a José Luis Ocampo,
secretario general de la Cepal, uno de ellos solicitó al Presidente
brasileño que ayudara a reparar el error. Y cuando Fernando Henrique
Cardoso presentó la moción que primero debían intervenir los
cancilleres, a Castro no le quedó más alternativa que aceptarlo, sin
darse cuenta de que había dejado sin hablar al Presidente de Guyana.
Pensando mal, éste podía haber sido el ejemplo de un olvido que habría
dejado afuera al ministro chileno. 

Ni el Rey ni Aznar 

El Rey ya no estaba presente cuando Valdés se levantó. Según el
canciller español Abel Matutes, "fue a atender unas llamadas". Pero eso
no importó demasiado a los chilenos, porque habían indicado a los
hispanos que su probable ausencia no los afectaría. 

No obstante, eso a la vez significaba que querían que estuviera
presente Aznar. Pero cuando Castro anunció que "vamos a cambiar el
orden" estas palabras fueron como un aviso para el Presidente hispano.
Abandonó la sesión para caminar con lentitud hacia una masiva
conferencia de prensa (incluso tuvo tiempo para hacer bromas sobre una
pequeña vitrina que exhibía íntimas prendas femeninas), donde señaló
que se calmaran, que iba a contestar todo lo que se le preguntase. 

Con sorna, dijo que se alegraba de que Valdés estuviese contento. En
ausencia de sus principales destinatarios (aunque sí estaba Matutes) el
canciller leyó un texto de cinco carillas que presentó como
una "reflexión del Presidente Frei" y que significó una veintena de
borradores, entre ellos varios e-mail de cuando Valdés viajó a Japón.
Incluso, fue motivo de un trabajo de afinamiento hasta las 4 de la
mañana del martes en la residencia prestada al ministro, donde
sufrieron la angustia de que se les perdiese el texto en el computador.
Incluso durante la sesión misma éste sufrió modificaciones. 

"Lo mejor es enemigo de lo bueno", reconoció uno de los tres delegados
chilenos, además, claro, de Valdés, que participaron en el texto.
Pidiendo excusas por apartarse del tema central de la cumbre, que era
el proceso de globalización, el canciller planteó que "sólo corresponde
a la sociedad chilena curar sus heridas y reconstituir su propia
libertad", por lo cual "nuestra transición no requiere de tutorías". 

Y apuntó que la pretensión de tribunales de otros países de impartir
justicia en Chile y que se extiende a otros países de América Latina
carece de sustentación jurídica y política. 

"¿Cómo podría un gobierno legítimo, en un Estado de Derecho, permitir
que sus competencias jurisdiccionales sean suplantadas por un tribunal
extranjero, en la investigación de delitos cometidos por un nacional en
contra de otros nacionales y en su mismo territorio? ¿Cómo aceptar que
aquellos crímenes que son objeto de juicios en una nación, sean
reclamados por un juez de otro país, en nombre de un pretendido
progreso del derecho internacional?", preguntó Valdés ante un silencio
profundo. 

Y, efectivamente, como temían los cubanos, una vez que terminó de
hablar, tomaron la palabra sus colegas de Argentina, Nicaragua, El
Salvador y Costa Rica, los otros cuatro países que no enviaron
Presidentes. El más contundente fue el primero de ellos, Guido di
Tella, pronto a despedirse de su cargo. 

Dijo que creía representar a toda la comunidad iberoamericana al
considerar "patético" lo que sucedía porque Chile era ejemplo en el
mundo sobre cómo ha manejado su proceso de transición y que, sin
embargo, existan países que manifiestan una "gran incompetencia". 

Sostuvo que este tema podría crear un caos internacional y el
debilitamiento de los lazos de afecto y solidaridad en las cumbres. 

A "El Mercurio", Di Tella respondió sobre si era necesario hablar tan
duramente tras la resolución del día anterior. 

"Es mejor. Como dicen en mi país, es mejor que sobre que falte. Pero se
habló de tantos temas que éste podría quedar perdido como uno
accesorio. Como nadie estaba en contra y podía haberse pensado que no
era tan importante". 

Y para Chile lo era, y mucho. 

El "Impacto" Español 

EN La Habana se reveló algo que al parecer en Santiago aún no se tenía
muy en claro: cómo el gobierno español apoya las resoluciones
judiciales del juez Baltasar Garzón. Esto quedó en evidencia por su
interpretación y reacción desde que se aprobara el punto tercero del
Acuerdo de La Habana contra la aplicación unilateral y extraterritorial
de las leyes. 

"El Mercurio" interrogó al respecto al canciller español Abel Matutes y
al vocero de ese gobierno, José Piquet. 

Matutes, una vez que Valdés señalara en su discurso a los Jefes de
Estado que "nuestra transición no requiere de tutorías", no quiso
responder señalando que "no tengo nada que comentar". 

Sin embargo, alguien (¿Aznar?) lo hizo, pensándolo mejor, porque unos
minutos después volvió para decir que no había querido comentar un
discurso que "estaba hecho desde antes de lo que estamos haciendo". 

Y agregó: "He manifestado en muchas ocasiones la conveniencia de que
respetemos los procesos de transición de cada país y ése es mi enfoque
político. Por otra parte, tenemos claramente establecidas la separación
de poderes, la obligatoriedad de las decisiones judiciales y que éste
es un caso en que el principio de extraterritorialidad que invocan los
jueces españoles está en función de convenios internacionales". 

Después puntualizó: "No entramos en la reunión al fondo del asunto
porque no podíamos hacerlo, sobre si está equivocada o no la aplicación
de esos principios. Sí quiero destacar que la apelación que los jueces
españoles hacen es al Derecho Internacional en aquellos casos en que la
extraterritorialidad está allí aceptada. Por ello mismo, siempre he
aconsejado que el mejor camino para dilucidar la procedencia jurídica
de este tipo de actuaciones es el Tribunal de La Haya. Políticamente ya
he manifestado mi comprensión por la posición del gobierno de Chile y
nuestro deseo de cooperar con él en la medida en que las leyes nos den
un margen para ello, el cual es muy poco". 

Preguntado si la cumbre había desautorizado a Garzón, el vocero Piquet
sostuvo que "el gobierno español entiende que el juez ha aplicado las
leyes vigentes, acorde con el Derecho Internacional. Otra cuestión es
que España siempre ha exigido que es bueno avanzar ante determinados
delitos hacia una jurisdicción penal internacional, para que acorde con
el derecho, determinadas jurisdicciones nacionales puedan afectar a
nacionales de otro país. Por lo tanto aquí lo que se ha intentado hacer
es buscar una fórmula que, partiendo de esos principios, se interprete
que estamos en una situación legal, pero anómala, y que debemos ir
corrigiendo. Pero esto no tiene nada que ver con la clarísima
ilegalidad internacional de la ley Helms-Burton". 

- ¿Pero cómo la declaración impacta en el proceso llevado por Garzón? 

- No hay una relación directa, pues el juez Garzón seguirá aplicando la
ley española y el Derecho Internacional, que le permite solicitar la
extradición por ese tipo de delitos. Ahora, lo que hay que ver es cómo
se desarrolla ese proceso. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para
entender que estamos ante un tema jurídico y no político. La posición
del gobierno español siempre ha sido escrupulosa en respetar la
independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de
Derecho. Por lo tanto, en ningún momento hay que interpretar lo que no
es: un conflicto entre gobiernos y entre pueblos. Todo lo contrario, mi
gobierno tiene el máximo interés en que las relaciones con el gobierno
chileno sean las más fraternales posibles, y en nombre de todo el
pueblo español expresar su máxima solidaridad con el pueblo y la
democracia chilenas. 

- ¿Pero este acuerdo de La Habana complica las cosas? 

- Yo creo que las facilita porque sitúa más el problema en el ámbito de
la racionalidad jurídica.