Reporteros sin Fronteras (RSF), organización que defiende la libertad de prensa en el mundo, quiere transmitir su inquietud por la situación de esa libertad en Latinoamérica, en víspera de la IX Cumbre Iberoamericana, en La Habana, capital de un país donde hay cuatro periodistas arbitrariamente encarcelados. RSF ha venido denunciando en cumbres anteriores los atentados cometidos contra la libertad de prensa en esa zona del mundo, donde 140 periodistas (la mayoría de ellos en Colombia, México y Brasil) han sido asesinados en el ejercicio de su misión. Misión que, en tres de cada cuatro casos, consistía en investigar el narcotráfico, denunciar la corrupción, violaciones de derechos humanos, abusos de poder o tramas mafiosas. No sólo se intenta amordazar a la prensa asesinando a periodistas molestos, casi siempre con total impunidad. También se les ponen trabas, hostiga, amenaza, agrede, secuestra, detiene, procesa, encarcela o fuerza al exilio, en una división eficaz del trabajo represivo entre el aparato estatal y grupos armados sospechosamente incontrolados. Y cuando se mata, encarcela o amedrenta a un periodista, se está atentando contra un doble derecho: el de la prensa a ser libre para informar y el de los pueblos a estar informados para ser libres.
 
 

Actualmente, en cuatro de los países convocados a la cumbre se viola particularmente la libertad de prensa: Colombia, Cuba, México y Perú. En un quinto, Venezuela, planea una grave amenaza legal. Pero las demás naciones iberoamericanas no estarán exentas de responsabilidad si mantienen un silencio cómplice en torno a esas violaciones. Desde la anterior cumbre de Oporto, en la que se reafirmó el "compromiso de respetar los derechos humanos y libertades fundamentales", entre ellas la de prensa, tres periodistas han sido asesinados en Iberoamérica (los tres en Colombia), cuatro están encarcelados (Cuba), cinco han tenido que exiliarse (Cuba y Colombia), 34 han sido agredidos, 35 amenazados gravemente, más de medio centenar detenidos (la mayoría, en Cuba) y RSF ha constatado 66 casos de presiones o trabas a la información.
 
 

En Colombia, el asesinato, el 13 de agosto, de Jaime Garzón, de Caracol Televisión, sigue sin esclarecerse, aunque RSF tiene motivos para sospechar que pudo ser instigado por militares contrarios al proceso de paz que Garzón promovía. El 16 de septiembre era asesinado Guzmán Quintero Torres y el 21 de octubre, Rodolfo Julio Torres. Siguen sin conocerse los móviles de esos crímenes, cometidos pese a la promesa del presidente, Andrés Pastrana, de instaurar un programa de protección a periodistas amenazados. Más de medio centenar de periodistas han sido asesinados en ese país en los últimos 10 años y los asesinos (narcotraficantes, paramilitares y guerrillas principalmente) siguen en su gran mayoría impunes. Dos periodistas se han tenido que exiliar. Jorge Rivera, de El Universal, ha estado nueve días secuestrado; Yinet Bedoya, de El Espectador, escapó ileso de un atentado; Laureano Restrepo, de El Meridiano, está amenazado de muerte...
 
 

En México, donde tres de los cinco periodistas asesinados impunemente en 1997 y 1998 lo fueron por sus investigaciones sobre el narcotráfico y sus amplias conexiones políticas, siete profesionales de la información han sido agredidos y otros cinco amenazados de muerte. El Gobierno prosigue con su intento de controlar la información sobre la situación en Chiapas. El 5 de marzo, el presunto autor del asesinato de Benjamín Flores en 1997 fue puesto en libertad, sin que las autoridades hayan respondido a la petición de explicaciones de RSF.
 
 

En Perú, la OEA ha revelado la existencia de un plan de los servicios secretos contra la prensa, para impedir que se investiguen los métodos expeditivos del Ejército, confirmando las informaciones publicadas por RSF sobre presiones cerca de una quincena de periodistas de investigación y 18 medios de comunicación: escuchas telefónicas, amenazas de procesos judiciales o de muerte. Diez periodistas han sido procesados en 1999 por informaciones sobre los servicios secretos del Ejército, y su defensa se ve comprometida por el sistema de jueces provisionales controlado por el Gobierno. Ricardo Bullón fue condenado en agosto a dos años de prisión (no firme) e inhabilitación profesional. En 1997, el empresario Baruch Ivcher fue privado arbitrariamente del control de la cadena de televisión Frecuencia Latina por sus denuncias sobre escuchas telefónicas.
 
 

En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el 23 de octubre un artículo (número 59) que pretende introducir en la nueva Constitución el derecho "a la información oportuna, veraz e imparcial", adjetivos que preocupan tanto a los editores de periódicos locales como a la Sociedad Interamericana de Prensa y a RSF por las limitaciones a la libertad que podrían autorizar.
 
 

Nuestra preocupación por todas esas violaciones o amenazas de represión de la libertad de prensa, a pesar las reiteradas declaraciones de principios democráticos en las sucesivas cumbres, se convierte en alarma ante el hecho de que la próxima se vaya a celebrar en un país iberoamericano, Cuba, donde no existe libertad de prensa y hay periodistas encarcelados: Bernardo Arévalo Padrón, condenado en noviembre de 1997 a seis años de prisión por "desacato" al jefe del Estado; Manuel Antonio González Castellanos, condenado en octubre de 1998 a dos años y siete meses de cárcel por "desacato" al jefe del Estado; Leonardo Varona González, condenado en octubre de 1998 a 17 meses de cárcel por "desacato" al jefe del Estado; y Jesús Joel Díaz Hernández, condenado en enero de 1999 a cuatro años de cárcel por "peligrosidad social".
 
 

En Cuba sólo está autorizada la prensa oficial, ya que la Constitución estipula que "la libertad de palabra y de prensa está sometida a los objetivos de la sociedad socialista". Las autoridades hostigan al medio centenar de periodistas que intentan ejercer la profesión refugiándose en agencias de prensa no reconocidas por el Estado. Desde la cumbre de Oporto, 40 han sufrido detenciones, 26 han sido amenazados, seis han sido agredidos y tres han optado por el exilio.
 
 

El marco represivo se ha agravado con la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, de 15 de marzo último, que prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes se pongan en contacto con medios de comunicación extranjeros o difundan documentos de índole "subversiva". En RSF consideramos que no hay libertad sin libertad de prensa, por lo que nos parece contradictorio que una Cumbre cuyos asistentes suelen comprometerse a respetar las libertades democráticas se celebre mientras cuatro periodistas están encarcelados en el país anfitrión, por haber intentado ejercer una de ellas, la de información, clave de las demás. RSF pide a los jefes de Estado y de Gobierno convocados a La Habana que exijan de Fidel Castro la puesta en libertad de los cuatro periodistas citados, e intentará estar en la cumbre para exigir el castigo de los asesinos y agresores de periodistas en Latinoamérica, y la no injerencia gubernamental en una prensa libre y plural.